El precio de la investidura

La investidura tiene un precio en la democracia parlamentaria española. Lo fija el artículo 99 de la Constitución: el candidato a presidente del Gobierno, propuesto por el Rey, deberá obtener la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en la primera votación, o la mayoría simple, en la segunda. Desde estos parámetros, el candidato debe negociar sus apoyos con el resto de grupos a partir del programa con el que concurrió a las elecciones y del programa de sus entonces adversarios, ahora potenciales socios. Los riegos y ventajas del pacto resultante se someterán al escrutinio de la Cámara y, en su día, de la ciudadanía misma.

El diálogo, la negociación y el pacto son el abecé de la democracia y su ejercicio no es un delito de lesa patria. José María Aznar, ahora promotor intelectual de las protestas callejeras –"el que pueda actuar, que actúe"–, lo sabe por experiencia propia. Tras las elecciones generales del 3 de marzo de 1996 no solo experimentó una mutación lingüística –del grito de "Pujol, enano, habla castellano" coreado por sus partidarios, pasó a hablar catalán en la intimidad–, sino que entabló una negociación de más de 50 días con CiU que culminó con la firma del pacto del Majestic (28 de abril) y su posterior investidura (4 de mayo).

Las concesiones de Aznar en aquel pacto no solo no figuraban en el programa con el que el entonces líder del PP había acudido a las urnas, sino que afectaban a cuestiones troncales: en materia de Defensa, la supresión del servicio militar obligatorio sin que se cumpliera la previsión constitucional de su sustitución por una 'prestación social' (artículo 30); en el campo de la administración del Estado, la supresión de los gobernadores civiles; en materia de seguridad, el traspaso a la Generalitat de las competencias de tráfico, que afectó a muchos guardias civiles, y que era un servicio que el Estatut reservaba, "en todo caso", a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (artículo 13.4); y en el terreno de la fiscalidad, la cesión del 30% del IRPF a las autonomías. No solo no se rompió España, sino que cuatro años después Aznar fue reelegido presidente por mayoría absoluta.

El pacto del Majestic fue una apuesta ganadora. Está por ver que lo sea el que está gestando ahora Pedro Sánchez. Sus ventajas y riesgos están por dilucidar. En el haber, la apuesta por el progreso social y la pluralidad política y territorial frente a la amenaza que, en este terreno, supondría una alianza de las dos derechas (PP y Vox). Los riesgos, sin embargo, son muchos, empezando por el llamado 'relato': no estamos ante un "pacto histórico" entre Catalunya y España, como lo han calificado Carles Puigdemont y Jaume Asens, sino ante un acuerdo legítimo, pero táctico, de investidura.

Desde esta óptica, la izquierda española –también la derecha– sigue sufriendo una notable miopía política: confunde la representación catalana en el Congreso con la 'minoría nacionalista', ahora 'minorías nacionalistas', de ERC y JxCat (14 diputados del total de 48 que representan a los ciudadanos catalanes, 19 de ellos del PSC). Se trata de una confusión en la que ya cayeron los presidentes González y Aznar. El factor añadido, en las actuales circunstancias, es el 'procés': estas minorías nacionalistas se han convertido en minorías independentistas, un paso legítimo, amparado por una Constitución no militante, y compiten entre ellas.

El problema no es tanto el elevado coste político de una ley de amnistía, sino que esta ley no sea un punto de encuentro, una tregua en la puja, sino el nuevo peldaño desde donde continuar la subasta. Lo verbalizó el president Aragonès el mismo día de la firma del pacto de ERC con el PSOE: "Una vez asumida la amnistía, es hora de avanzar hacia la autodeterminación y el referéndum". Son los escollos de la llamada 'estrategia del contentamiento' de los que ya alertó el federalista canadiense Stéphane Dion: "Los secesionistas reciben cada concesión como un paso más hacia la independencia".

Entretanto, con las luces largas, el catalanismo federalista debería propiciar un 'reset' y un cambio de chip: pasar página significa también restar carga simbólica al debate –en Catalunya y en toda España– en favor de un nuevo paradigma –las soberanías y las ciudadanías compartidas– situado en las antípodas de la deriva 'processista' y del rearme españolista. El nuevo terreno de juego es Europa.

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