Serenar la protesta legítima

Diversas sedes socialistas han sido objeto de manifestaciones en toda España en protesta por el anuncio de Pedro Sánchez de impulsar una ley de amnistía para conseguir ser investido. El derecho a la manifestación es un derecho básico en una democracia y en un Estado de derecho como el nuestro. Todos los partidos y otros colectivos sociales han hecho uso de ese derecho en algún momento de la historia reciente. Desde el PSOE o Izquierda Unida (antecedente de Sumar) con motivo de la guerra de Irak, desde el PP para oponerse a las leyes del aborto o a las reformas educativas o desde el independentismo para reclamar un referéndum. Nada que objetar pese a las objeciones que se hacen los unos a los otros cuando son la diana de las manifestaciones y no los promotores. El derecho a manifestarse tiene el límite del uso de la violencia y del normal funcionamiento de las instituciones. Los escraches y los señalamientos rozan siempre esos límites, por eso es mejor evitar su convocatoria. Toda manifestación más o menos masiva tiene el riesgo de que se le incrusten elementos violentos que lejos de compartir el objetivo de la protesta lo que buscan es amparo para dinamitar el sistema democrático. Pasa en manifestaciones de uno u otro signo. Y debe ser criticado y rechazado en todo caso, tanto por los que convocan las legítimas movilizaciones como por quienes son el blanco de la protesta.

Hay mucha gente en España que no comparte la iniciativa del candidato socialista de conceder la amnistía a los condenados y procesados por los hechos acaecidos en Catalunya. Algunos lo hacen simplemente porque no quieren a Sánchez en la presidencia del Gobierno, otros porque no quieren al PSOE y Sumar en la Moncloa, y también hay los que dudan de la constitucionalidad de la medida y de su eficacia para superar la situación en Catalunya. Este es el núcleo principal de los manifestantes. La ultraderecha y la extrema derecha se apuntan también a salir a la calle porque les interesa desestabilizar a la democracia y generar la sensación de ruptura inminente del Estado. Y con ellos se suman grupúsculos violentos. El PSOE rápidamente ha pedido al PP que condene estos actos fuera de los límites del derecho a la manifestación. Pero, finalmente, quien se ha pronunciado más contundentemente ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al zanjar que ella con los ultras no va «ni a la vuelta de la esquina». Una vez más ha roto su propio estereotipo y ha dejado en evidencia al resto de su partido que había condenado los hechos frente a la sede del comité federal del PSOE con la boca pequeña. Ese debería ser el camino del conjunto de los demócratas: defender el derecho a manifestarse de los que piensan diferente y condenar los que lo hacen de una manera violenta. 

La recurrencia de las manifestaciones contra la amnistía y el incremento de los participantes debería hacer reflexionar también al candidato a la presidencia del Gobierno que la promueve y si no es para abandonar esa idea que sea al menos para debatirla en el Congreso, que sigue inexplicablemente cerrado en un gesto de deslealtad institucional tan o más grave que la no renovación del gobierno de los jueces. Debatir el tema en las instituciones es, posiblemente, la mejor manera de serenar los ánimos y desactivar a los violentos.