¡Qué barato parecía cada plato de lentejas!

En octubre de 2017, muchos de los llamados constitucionalistas –españoles que vivimos en Catalunya y respetamos a las personas y al marco democrático de derecho que elegimos para garantizar la convivencia– creyeron que se había tocado fondo. Las continuas cesiones de los sucesivos gobiernos de España al nacionalismo excluyente a cambio de unos votos en el Congreso de los Diputados que les permitieran llegar o permanecer en el poder habían salido mucho más caras de lo que nunca llegaron a imaginar.

La deslealtad practicada por los políticos nacionalistas al frente de la más alta representación del Estado en Catalunya ha sido constante desde que la Transición del 78 convirtió a España en un modelo de democracia admirado en todo el mundo. Una constancia solo igualable a la ejercida para "nacionalizar Catalunya" como propugnaba Jordi Pujol en su hoja de ruta conocida como 'Programa 2000' del que en su día informó ampliamente EL PERIÓDICO.

La inoculación del 'sentimiento nacionalista' en grandes segmentos de la ciudadanía, siguiendo el proceso de ingeniería social ideado, se ha llevado a cabo a la luz del día. No hacía falta esconderse o trabajar en silencio. En todos estos años no ha interesado a los partidos de Gobierno dedicar el tiempo ni el esfuerzo requeridos para estudiar un documento de tintes xenófobos y supremacistas y entender que se estaba fraguando la máxima traición a España y a los que en ella tenemos derecho a vivir en paz y prosperidad. De aquellos polvos nació la que está siendo la mayor crisis institucional que hemos vivido en nuestro país en democracia.

Cesiones políticas cortoplacistas, de mirada miope, que siempre han beneficiado a los mismos. La educación, solo en catalán; la cultura, solo en catalán; los medios de comunicación, solo en catalán; la sanidad, solo en catalán; la seguridad, solo en catalán; las subvenciones, solo en catalán, y, así, un largo etcétera.

Mirar hacia otro lado

Ese mirar hacia otro lado de esos partidos han dejado injustamente huérfanos a la mayoría de los catalanes. ¡Qué barato parecía cada plato de lentejas! La espiral del silencio facilitaba la rendición ante las exigencias de un nacionalismo, por definición, insaciable. Supremacista. Insolidario, como si Catalunya no fuera parte indisoluble de España. El debilitamiento del Estado sin que fuera defendido por quienes debían consolidarlo en beneficio de los ciudadanos sin excepción. 

Hasta hoy. Algunos han querido creer que ese silencio de los corderos era infinito, que la humillación no iba a tener respuesta. Estaban equivocados. Los españoles de todas las ideologías nos rebelamos contra la perversión de una medida de gracia como la amnistía que se propone como recompensa a quien delinquió y no lo reconoce, a quien persiste en su desafío a la convivencia, a la democracia, al propio Estado de derecho. 

Nos rebelamos porque la legítima aspiración de gobernar se ha convertido en un inmoral mercadeo de votos para obtener el poder, en una obscena subasta en la que se desguaza la soberanía nacional y el patrimonio de todos los españoles. 

No se trata del 'proceso' catalán. Se trata de la desestabilización de España, de la propia Europa. Los responsables de que estemos al borde del precipicio, de la ruptura de la convivencia, de la quiebra del Estado social y democrático de derecho tienen dos opciones: dejarnos caer al abismo o, esta vez sí, por el bien de España, retroceder ante la destrucción irreversible volviendo al espíritu de la Transición.