Una organización criminal

Después de décadas de abusos y vidas destrozadas, empezamos a traducir el horror en cifras: solo en España se estima que hay 440.000 víctimas directas de abusos sexuales por parte de sacerdotes o personas vinculadas a la Iglesia, algo que supone la asombrosa cifra del 1,13% de toda la población. Es el resultado de una investigación a gran escala del Defensor del Pueblo después de meses de investigación, y es la primera vez que el Estado realiza un diagnóstico de la tragedia y es capaz de acotar numéricamente este inmenso e incalculable abuso.

El informe no borrará el dolor y la rabia causados por este ejército de pederastas sin escrúpulos, ni restaurará la infancia perdida de tantos centenares de miles de niños, pero sí sirve para empezar a acorralar a la institución que ha promocionado, a veces, y encubierto muchas otras, la inmensa mayoría de estos crímenes. Quizás por ello el presidente de los obispos, Juan José Omella, atacó de inmediato el informe diciendo que "las cifras son mentira", aunque su exabrupto tiene poco recorrido porque el método español es el mismo que se ha utilizado, y la propia Iglesia ha dado por buena, en países como Alemania o Irlanda.

Lo único que demuestra la primera reacción de la curia es justamente su probada resistencia a colaborar para esclarecer la verdad, un bloqueo sistemático que ha denunciado el propio Defensor del Pueblo. Porque el patrón de comportamiento de la institución ha sido siempre el mismo: negar primero la evidencia, y cuando ya no es posible ocultarla, encubrir al pederasta. La Iglesia ha sido una institución a la que se le ha permitido apartar a sus violadores en lugar de entregarlos a la justicia. Es sintomático que nunca hayamos visto a un miembro de la curia saliendo esposado hacia la prisión, sin sufrir la pena del telediario que persigue a tantos delincuentes, pero de la que parece que están exentos los curas solo por serlo.

Es evidente que una organización que genera violadores que abusan a más del 1% de la población tiene problemas estructurales, como su enfermiza represión de la sexualidad y su machismo endémico, que generan, por defecto, conductas criminales. Es así como se explica que la Iglesia haya engendrado una auténtica industria de violadores y sea, desde hace décadas y quizás siglos, una institución que se ha comportado, por acción u omisión, como una organización criminal.

El informe del Defensor del Pueblo sirve, pues, para hacer un diagnóstico y dimensionar la tragedia. Pero comete un terrible error: pide que sea el Estado quien indemnice a las víctimas. Una medida así sería injustificable, y se convertiría en una burla al contribuyente. En este caso, el abusador tiene plena solvencia económica para compensar económicamente a los abusados. Goza de uno de los mayores patrimonios inmobiliarios, por cierto. Si hace falta, que vendan propiedades, iglesias y patrimonios varios. Compensar sí, pero con su dinero, no con el de todos.

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