El legado de Tarradellas

Ahora que andan tan revueltas las aguas de nuestra democracia, y que vuelve a aparecer en nuestro horizonte colectivo esa trágica sombra de la división cainita entre españoles, unos afirmando que aprobar una ley de Amnistía sería tanto como otorgar el acta de defunción de la Constitución de 1978 y aún exigen que el rey de España incumpla, caso de aprobarse esa ley, sus deberes constitucionales y no la sancione, creando así una auténtica crisis de Estado de imprevisibles consecuencias y otros, considerando que no solo es imprescindible esa amnistía total para todos los que se han visto afectados judicialmente por el llamado 'procés', sino que además debe de poderse ejercer por Catalunya el derecho de autodeterminación, lo cual vendría a suponer que el Estado accediera a que se efectuara una consulta, solo a los catalanes, de carácter referendario sobre la independencia de Catalunya. 

En este proceloso mar, puede resultar esclarecedor recordar lo que supuso para España el restablecimiento de la Generalitat de Catalunya, en virtud de los acuerdos Suárez-Tarradellas, que cristalizaron en el Real decreto-ley 41/1977, de 29 de septiembre, es decir anterior a la aprobación de la todavía vigente Constitución Española. No puede quedar duda alguna que esta norma jurídica supuso un hito, aunque pareciera de muy difícil encaje en un ordenamiento jurídico procedente del franquismo y preconstitucional, para conseguir la pacificación de Catalunya en aquellos delicados momentos políticos, en que se clamaba: “Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia”, y todo ello conseguido por la tenacidad del solitario de Saint-Martin-Le-Beau, último president de la Generalitat republicana, que en tal calidad volvió a Catalunya, para presidir el 'Govern d’Unitat', que tan importantes frutos dio para la aprobación del Estatut de autonomía e incluso del título octavo de la Constitución.

A nadie puede extrañarle, a estas alturas del partido, y con la situación de bloqueo institucional producida tras los resultados de la última convocatoria electoral, que el 'expresident' Puigdemont, desde su exilio en Waterloo, se sienta con fuerzas para exigir que el Gobierno de España, que ya inició una incuestionable política de reconciliación para Catalunya cuando se atrevió en junio de 2021 a conceder los indultos que yo le solicité al Gobierno en fecha de 23 de diciembre de 2019, remate la faena, proclamando una amnistía para todos los afectados judicialmente por el 'procés', que no solo sirva para saldar sus cuentas judiciales los que se hallan en el exilio, sino que se corra un tupido velo sobre esa judicialización de la política y que permita a todos volver, con dignidad, a la normalidad política, desapareciendo las inhabilitaciones, a las que no alcanzaron los indultos.

No seré yo, desde luego, quien cuestione la posibilidad legal de esa amnistía, que debería aprobarse en el Parlamento español por ley Orgánica, con la mayoría necesaria prevista en la ley, y desde luego que esa norma debería respetar escrupulosamente los mandatos de la Constitución vigente. Pero lo que no es posible, y Puigdemont lo sabe perfectamente, es lo de reavivar el 'procés' o ejerciendo directamente el derecho de autodeterminación, es decir, alzando la suspensión de la DUI, o celebrando en Catalunya un referéndum sobre la independencia, porque esta última exigencia es totalmente incompatible con la Constitución y con las sentencias que el Tribunal Constitucional ha dictado sobre esta materia. 

Si el señor Puigdemont quiere, de verdad, que se produzca un acuerdo histórico con Catalunya, y que Catalunya pueda avanzar como nación, como reclama Iñigo Urkullu, debe renunciar a esta unilateralidad y decir, con claridad, como ya dijeron desde ERC, que se abandona esta vía y que toda reivindicación de independencia, legítima en si misma, deberá pasar en el futuro por la Constitución, como le ha pedido la vicepresidenta segunda del Gobierno.