El catalán en el Congreso

Los llamados “días históricos” están ya muy devaluados, pero que el martes en el Congreso de los Diputados se aprobara el uso normal del catalán, el vasco y el gallego es muy relevante. En el fondo es una consecuencia lógica del artículo 2 de la Constitución, que establece tanto la “indisoluble unidad de la nación española” como “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”. La Constitución fue un difícil compromiso entre gentes muy opuestas, pero un término ambiguo como “nacionalidades” venía a reconocer la existencia de territorios con una lengua distinta de la española y, como consecuencia, con una identidad propia.

Y aunque algunos que entonces no votaron la Constitución, como Aznar, ahora solo repiten lo de la “indisoluble unidad”, olvidan que en repetidas elecciones autonómicas esas “nacionalidades” han dado gran peso y protagonismo -aunque no exclusivo- a grupos nacionalistas. Además, debido a la incompatibilidad creciente de los dos grandes partidos -de la que las “nacionalidades” no son responsables-, el peso de los nacionalistas ha sido decisivo. Muchas veces -no todas- para bien, porque CiU y el PNV facilitaron la gobernabilidad a UCD, al PSOE y al PP. 

Por todo ello era lógico que el catalán, el vasco y el gallego acabaran siendo lenguas parlamentarias. La pregunta es por qué se ha tardado tanto y solo se ha aceptado cuando la investidura de Pedro Sánchez necesita el apoyo de ERC, Junts, Bildu, el PNV y el BNG. Es así, e indudablemente ello no ayuda a que el PP lo vea con buenos ojos.

Los dos grandes partidos han sido muy reacios a normalizar a las otras lenguas en el parlamento. Y si ahora Sánchez da el paso lo hace por necesidad existencial. Pero antes fue Aznar el que traspasó competencias gubernativas relevantes, liquidó los gobernadores civiles y el servicio militar obligatorio, cuando la “amarga victoria” de 1996 le dejó en manos de Pujol. Y Felipe Gonzáles también pagó facturas cuando en su última legislatura se quedó sin mayoría absoluta. 

Lo curioso, que revela la complejidad de España, es que se cedieran a las comunidades relevantes competencias tributarias (no siempre amparadas en el llamado “café para todos”) y también, de forma más selectiva, de las fuerzas de seguridad del Estado (incluida la Guardia Civil), o las prisiones, sin demasiados problemas y, por el contrario, el uso de las lenguas en el Congreso haya sido un tabú demasiado tiempo.

Quizás tiene que ver con el escaso interés -tanto del PP como del PSOE- en hacer del Senado una auténtica cámara territorial, lo que habría evidenciado que nuestro sistema autonómico es, más bien, un federalismo asimétrico y asilvestrado. ¿Ceder competencias, vale, pero reconocimientos identitarios menos? No es exactamente eso, pero muchos de los problemas actuales vienen del enfrentamiento del PSOE y el PP por el Estatut de 2006, que luego el Constitucional rectificó. ¿Por el huevo o por el fuero? 

Esperemos que el uso de las lenguas en el Congreso genere menos problemas. Más cuando el argumento de algunos medios y columnistas, de que perjudicaría al español, es absurdo. El español es una de las primeras lenguas del mundo y que se hable catalán, euskera o gallego en el Congreso sería, en este sentido, totalmente irrelevante. 

Vox se mostró ayer radicalmente opuesta y abandonó el hemiciclo cuando un socialista gallego hablo en su lengua y luego cuando Borja Sémper, el portavoz del PP, utilizó el euskera. Y el PP también rechaza la nueva ley -no quiere facilitar las cosas a Sánchez-, pero Sémper, con autorización de Feijóo, utilizó el euskera en parte de su intervención. Feijóo sabe que pese a que pueda irritar -y lo hizo- a una parte de su bancada, el PP tendrá muy difícil gobernar sino mejora sus resultados en Catalunya y en Euskadi y si no reestablece una conexión -Aznar y Rajoy la tuvieron- con el PNV y parte del nacionalismo catalán.

La decisión de ayer del Congreso es relevante. Otra cosa es lo que pueda pasar en Europa, donde hay países reticentes porque el asunto es endemoniado por el temor al efecto imitación. Y España -diga lo que diga Albares- tampoco tiene mucha autoridad moral cuando quiere obligar a Europa a algo a lo que ha tardado tanto España.  

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