¿Puigdemont?, 'connais pas'

Aritméticamente, el último ciclo electoral en Catalunya –desde las autonómicas de 2021 a las municipales y generales de 2023– ha reflejado un paulatino retroceso del bloque independentista. Políticamente, el resultado de las elecciones del 23J ha situado a los siete diputados de JxCat en una posición determinante al inicio de esta legislatura: si Alberto Núñez Feijóo no es investido presidente a finales de mes, como el propio líder del PP parece haber asumido, el partido de Carles Puigdemont será clave para que Pedro Sánchez pueda serlo a partir de entonces.

Esta carambola electoral está sirviendo para eclipsar el fracaso político de JxCat el 23J: porcentualmente, fue quinta fuerza en Catalunya (11,16%), por detrás del PP (13,34%). El PSC de Salvador Illa no solo encadenó otro triunfo –obtuvo siete diputados más y avanzó 14 puntos–, sino que alcanzó 250.000 votos más que los logrados por todo el bloque independentista (ERC, JxCat y la CUP). Sin embargo, menos de dos meses después, se ha olvidado una doble evidencia: el 'procés' continúa en vía muerta y el soberanismo fue derrotado en las urnas.

Paradójicamente, han sido las propias fuerzas de izquierdas –por activa (Sumar) y por pasiva (PSOE)– las que han entregado la iniciativa de la negociación política de la investidura de Sánchez a JxCat y, en particular, a Puigdemont. No se trata de dilucidar si una hipotética amnistía es constitucionalmente viable, sino de constatar que quien fija el ritmo de las negociaciones, con el concurso inestimable de Yolanda Díaz y compañía, es Puigdemont desde Waterloo: ha puesto precio a la investidura, ha fijado las reglas y ha marcado el terreno de juego.

Estas son las 3 condiciones de Puigdemont para negociar con el PSOE la investidura de Sánchez

El marco fijado por JxCat no solo arrastra a ERC en la subasta para subir el precio de la investidura, sino que sitúa la agenda identitaria en el centro de la negociación, eclipsa la agenda social de la izquierda e incomoda a muchos dirigentes socialistas y, sobre todo, a un amplio sector de su electorado. Además, en Catalunya, esta agenda identitaria es la respiración asistida que necesita un independentismo, dividido y sin brújula, al situar en el centro del espacio público unos conceptos y unos liderazgos que habían quedado marginalizados.

El problema, en resumen, no es la viabilidad constitucional de una amnistía, sino el coste político que representa situarla como el factor clave para la investidura de un nuevo Gobierno progresista. La negociación, así planteada, sitúa al PSOE en un terreno pantanoso y de elevado coste político, sobre todo si al final fracasa y debe acudir de nuevo a las urnas. Es verdad, como ha verbalizado incluso Núñez Feijóo, que hay que actualizar el "encaje" de Catalunya en España, pero no puede confundirse esta tarea histórica con la negociación de la investidura.

La amnistía, una puerta a lo desconocido

Así lo ha hecho Puigdemont al equiparar el pacto de investidura con un "acuerdo histórico", como nadie ha sido capaz de hacer desde 1714. Su afirmación olvida el renacimiento material de Catalunya, emprendido por Enric Prat de la Riba desde la Mancomunitat; los años de la Generalitat republicana y, sobre todo, el retorno del 'president' Tarradellas, el único acto de ruptura democrática de la Transición. No se puede confundir la negociación táctica de una investidura con JxCat, que representa al 11% de los votantes catalanes del 23J, con un acuerdo estratégico.

Pinchar el globo de Waterloo

El pacto constitucional necesita actualizarse, pero esta tarea debe abordarse desde un nuevo paradigma. Como escribí en este diario –'Primero: hacer un reset’ (28 de junio de 2020)–, el error del catalanismo, de matriz cívica, ha sido sumar carga simbólica al debate y rearmar al nacionalismo español. Hay que hacer un 'reset' para preguntarnos qué queremos ser y, sobre todo, qué queremos hacer juntos. Unas preguntas que son de aplicación en Catalunya, en el conjunto de España y en la UE. El marco europeo de soberanías y ciudadanías compartidas es el terreno de juego.

Un 'reset' y un cambio de chip. Más temprano que tarde se planteará la necesidad de introducir en las constituciones (y estatutos) el concepto de 'segunda laicidad' en el plano identitario: que nadie, en ningún lugar, nos obligue a tener que escoger, pero que todos actuemos como ciudadanos. Hay que recuperar la receta de Tarradellas: "¡Ciutadans de Catalunya!". Mientras tanto, retomando otra frase del 'president', hay que pinchar el globo de Waterloo: ¿Puigdemont? 'Connais pas'.

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