El 'plan Clavijo'

Desgraciadamente, la propuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de que el PSOE cediera un puesto en la Mesa del Congreso al PNV e incluso la presidencia, no prosperó. Cuesta de entender que ni Sumar (que hace de la plurinacionalidad una de sus señas de identidad), ni Esquerra, ni Junts, ni el mismo PNV, acogieran con más entusiasmo esa iniciativa. Si, como dice, Carles Puigdemont no se fía de Sánchez, nada mejor que hacer depender la mayoría de la Mesa del voto de un partido como el PNV para asegurarse el cumplimiento de ciertos compromisos. Pero no, el espacio que ahora ocupa Junts siempre prefiere los fuegos artificiales a las reformas estructurales. Por eso se retroalimenta tan bien con la versión hegemónica del nacionalismo español, tan dado a exigir al Estado que proteja más los toros que las lenguas. En su artículo en EL PERIÓDICO, Clavijo unía dos expresiones que cierta prensa y cierta política presentan siempre como antagónicas, hablaba el presidente canario de los "nacionalistas constitucionalistas", para referirse a la misma Coalición Canaria y al PNV. Ese plan merecería ser explorado si, de verdad, PP y PSOE han aprendido la lección de la España diversa como nos intentan hacer creer estos días.

La diversidad española quedó parcialmente reconocida en la Constitución de 1978 con los apaños propios del momento. Se habla de "nacionalidades históricas", un término que unos apoyaron porque entendían que les reconocía como algo más que una región administrativa y otros entendían que les negaba la condición de nación que, según el mismo texto, queda reservada a la española que constituye una "unidad indivisible". De la misma manera, el castellano es la lengua oficial y el resto de lenguas "españolas" lo son en sus respectivos territorios. Este esquema no fue aceptado por el antecedente jurídico del actual Partido Popular, Alianza Popular, pero fue promovido por su principal antecedente político, que fue la Unión del Centro Democrático (UCD), junto con el PSOE y los que el presidente Clavijo llama acertadamente "nacionalistas constitucionalistas". Ese pacto era ambiguo como tantas otras cosas en la Constitución. Lo hemos visto esta misma semana con las dudas infundadas de algunos sobre qué tenía que hacer el Rey con la investidura. Y, en política, la ambigüedad solo se supera con la confianza. Y esta se empezó a perder muy pronto. Las estructuras de poder construidas en torno al Estado muy rápidamente se pusieron en guardia porque entendieron que desde la periferia se quería diseminar la toma de decisiones en lugar de simplemente tunearlas con una fina tela democrática. Desde la periferia, la desconfianza se cimentó en episodios como el del 24 de febrero de 1981 cuando, tras el golpe de Estado, el Rey excluyó de sus consultas a PNV y CiU, dando por hecho que no apoyarían el intento de eliminar la ambigüedad constitucional en materia territorial por la vía jurídica con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Una ley que tumbó en lo sustancial el Tribunal Constitucional. Y en ese episodio tenemos las claves de lo acontecido hasta ahora.

EL DAFO de FERNANDO CLAVIJO

Enfrentar a nacionalistas y constitucionalistas implica imponer que en la Constitución solo cabe una determinada manera de sentirse español. Los que apoyaron el texto de 1978 han ido asumiendo con el tiempo esta trampa. Desde la periferia se ha intentado aprovechar el poder custodiado del Estado para construir un estado alternativo. A veces de manera meramente simbólica, como en el caso de las selecciones deportivas. Y otras veces de manera más profunda como con el 'plan Ibarretxe' o la reforma del estatuto catalán. El caso más extremo fue, sin duda, el de las leyes de desconexión que se intentaron aprobar en el Parlament el 6 y 7 de septiembre del 2017. Desde el centro, se ha optado por poner a las instituciones del Estado, desde el Rey hasta el Tribunal Constitucional, al servicio de una determinada interpretación de la Constitución. Los territorios cuyos partidos autóctonos se han mantenido al margen de esta batalla, como es el caso de Canarias o Cantabria, o los que no han tenido un sistema de partidos propio y han dejado su representación en manos del PP (Galicia) o del PSOE (Andalucía) han contemplado como progresivamente esa dinámica de desconfianza entre los que hicieron la Constitución ha llevado a episodios de ruptura o de bloqueo.

Lo que podríamos llamar el 'plan Clavijo' podría llegar a ser una propuesta para superar esa dinámica basada en la recuperación de la confianza a partir de la neutralidad institucional. El independentismo es una propuesta política legítima. Lo que no es legítimo es construir un estado con la institucionalidad de otro. Defender la eliminación o la limitación de las autonomías también es una propuesta política legítima. Lo que no es legítimo es bloquear el Tribunal Constitucional o el Supremo hasta conseguir que sus componentes nunca lleguen a tumbar una ley como la LOAPA. Ese es el fondo de la propuesta canaria. Difícil, pero no imposible, en un país en el que el presidente de una federación pretende seguir siéndolo sin defender igual a las mujeres que a los hombres. Ni esa mínima neutralidad.