Discriminación y libertad de expresión

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos sacude la sociedad

Las políticas públicas controvertidas, de izquierdas o de derechas, deben combinar una base social sólida y un mínimo de rigor jurídico

TRIBUNAL

TRIBUNAL / OLIVIER DOULIERY / AFP

Xavier Arbós

Xavier Arbós

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Tribunal Supremo de los Estados unidos ha dictadotres sentencias importantes, que hay que comentar, aunque sea de manera superficial. El día 29 de junio se publicó la que declaraba inconstitucional la discriminación positiva practicada por algunas universidades en favor de estudiantes afroamericanos: Students for Fair Admissions v. Harvard. Al día siguiente aparecieron Biden v. Nebraska y 303 Creative Llc et al. v. Elenis et al.: la primera determinaba la inconstitucionalidad de la condonación de los préstamos destinados a financiar los estudios universitarios y la segunda establecía que una diseñadora que se negó a diseñar una página web para una boda entre personas del mismo sexo no incurría en una discriminación prohibida por la Constitución.

La demanda contra Harvard la presentó un abogado en nombre de un grupo de estudiantes de origen asiático que se consideraban discriminados al ver rechazada su admisión en la prestigiosa universidad, por la preferencia dada a los afroamericanos. Tras ver rechazadas sus alegaciones por el tribunal federal del distrito de Massachussetts, el Supremo la admitió, y declaró que el principio de igualdad de la decimocuarta enmienda comporta que la eliminación de la discriminación racial se aplica a todos los casos, lo que impide tomar establecer tratamientos diferenciados. Con todo, en una nota a pie de página se indica que la sentencia se limita a las universidades, tras la petición del Fiscal general de que sus efectos no cubran las academias militares. En cuanto a Harvard, ya ha anunciado en un comunicado que aprovechará un resquicio que deja la sentencia, que admite para solicitantes concretos que las universidades puedan tomar en cuenta lo que les diga acerca de cómo la raza ha afectado su vida “como discriminación, inspiración o de otra forma”.

Biden v. Nebraska tumba una de las promesas electorales del actual presidente norteamericano, que era la de condonar las deudas generadas por los préstamos contraídos para financiar los estudios, uno de los problemas más serios de la clase media estadounidense. El razonamiento del Tribunal Supremo se basa en la falta de atribuciones del ejecutivo para modificar una ley (la llamada 'Heroes Act') que se dictó poco después de los atentados de septiembre de 2001. En esa ley se permitía que la secretaría federal de Educación podía suspender o modificar las normas relativas a los préstamos educativos para que sus beneficiarios no quedaran en una situación financiera peor que antes de la situación de emergencia. La sentencia viene a decir que la condonación, limitada a 10.000 dólares para quienes tengan unos ingresos anuales inferiores a 125.000, excede de lo que la ley permite.

Finalmente, en 303 Creative Llc v. Elenis, el Tribunal Supremo razona a partir de la libertad de expresión que consagra la primera enmienda de la Constitución. La propietaria de la compañía 303 Creative pretendía advertir que su empresa no iba a realizar páginas web para bodas de personas del mismo sexo, al considerar que ese tipo de matrimonios eran contrarios a sus principios religiosos. Antes de publicarlo, se dio cuenta de que ese anuncio podía ser contrario a legislación de su estado, Colorado, que prohíbe que los comercios discriminen a las personas por su orientación sexual. Ante la hipótesis de que pudiera verse forzada a crear páginas web contrarias a sus convicciones, la demandante terminó por conseguir que el Supremo asumiera que esa posibilidad lesionaría su libertad de expresión.

En todas las resoluciones prevalece la opinión de seis magistrados, de los nueve que forman el Tribunal Supremo. Todas tienen votos disidentes, de magistrados de orientación progresista, y se confirma el giro conservador. Pero nos equivocaríamos si nos quedáramos en la crítica al Tribunal. Las políticas públicas controvertidas, de izquierdas o de derechas, deben combinar una base social sólida y un mínimo de rigor jurídico. Si tras una sentencia favorable se abandona la pedagogía política, puede llegar un giro jurisprudencial que derribe fácilmente una conquista social. Y eso será más fácil cuando las leyes impugnadas presenten fallos. 

Suscríbete para seguir leyendo