Catalunya no se engancha a las renovables

Catalunya se encuentra hoy más lejos que hace dos años de cumplir sus objetivos para 2030 de producción de energía eléctrica verde. La advertencia ha llegado esta semana desde el Observatorio de las Energías Renovables de Catalunya, integrado por las principales empresas y organizaciones de este sector. Este organismo calcula que solo se ha alcanzado el 20% de la potencia que debería estar instalada dentro de siete años. Los frenos normativos se han relajado, pero no las trabas que eternizan la aprobación de los proyectos ni el rechazo local que genera cada uno de estos, lo que según este informe está enfriando el interés de los promotores por invertir en Catalunya. Las resistencias a la aprobación del parque eólico del golfo de Roses son un ejemplo que se repite una y otra vez.

Catalunya viene de más de una década de desentenderse en la práctica, pese a toda la retórica sobre la sostenibilidad, del despliegue de las energías renovables. Los defensores del 'renovables sí, pero no así' no presentan alternativas viables: y sacrificar el crecimiento económico por la vía del decrecimiento no lo es. Aún más incoherente es cerrar los ojos a la realidad de que el freno a las renovables supone en la práctica consolidar un modelo de país dependiente en un 50% de la energía eléctrica generada por sus centrales nucleares. No es menos inconsistente negarse tanto a la instalación de centrales eólicas o fotovoltaicas aquí como al tendido de líneas de alta tensión que aumenten la interconexión con comunidades vecinas con mayor capacidad de generación.

El decreto aprobado en 2021 por la Generalitat fue un primer paso para salir de este marasmo heredado, y efectivamente ha servido para incrementar las cifras de la potencia instalada. Pero el resto de frenos sociales y burocráticos siguen estando allí. Salvo el autoconsumo, el ritmo de tramitación de proyectos es aún insuficiente, y su volumen palidece frente al dinamismo del conjunto de España y de las necesidades reales de la economía catalana. Porque no solo se deja de contribuir a los objetivos generales de la transición energética sino que se pierden oportunidades de empleo e inversión.

El nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que el Gobierno presentó este miércoles pero que deberá ser aprobado por el Ejecutivo que salga de las elecciones del 23J, calcula que hasta 2030 se deberán ejecutar inversiones por valor de 294.000 millones de euros. De cumplirse, se generarían medio millón de empleos hasta el 2030. Algunos datos muestran hasta qué punto Catalunya está desconectada aún de este esfuerzo: el PNIEC prevé 105.000 MW más de energía eléctrica renovable en 2030 y en la actualidad están en trámite en el conjunto del Estado 65.000 MW. En Catalunya están pendientes de aprobación 14.000 MW y de estos, según el sector, solo el 12% de los eólicos y el 28% de los fotovoltaicos están siendo tramitados de forma efectiva.

Las inercias administrativas y aún menos el temor a pagar costes electores no pueden ser excusa. Y defender la conservación sin alteraciones del paisaje natural de cada parcela del territorio no puede estar por encima de la contribución a una transición energética sin la que ningún ecosistema del planeta estará a salvo. Algo que siempre será más fácil de asumir con medidas de atenuación de los efectos negativos sobre el medio natural o compensando justamente a las comunidades locales que ven como su territorio se pondrá al servicio de todos.