Las provocaciones de Vox

La entrada de Vox en algunas instituciones de gobierno locales y autonómicas ha dotado de un peso, sentido y significación distintos a sus proclamas ideológicas sobre los derechos LGTBIQ+ y la violencia de género, entre otros temas. Antes, desde la oposición, la calle o sus grupos parlamentarios y municipales minoritarios, algunas de sus posturas y su manera de expresarlas ya eran un insulto a la inteligencia. Y una provocación para pescar votantes entre los rearmados remanentes (que parece lamentablemente que son mucho más que residuales) de la cultura más tradicional. Pero el acceso a posiciones institucionales abre la posibilidad de que de los discursos provocativos contra los derechos de la mujer o la diversidad de opciones sexuales y de género se pueda pasar a sofocar simbólicamente su defensa desde las instituciones, o a restricciones efectivas al ejercicio de estos derechos. 

De momento, a Vox le han bastado unas pocas semanas tras las elecciones, y apenas unos pocos días tras la constitución de consistorios y parlamentos autonómicos, para desplegar su ideología en forma de provocación. La negativa a levantarse en un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género en Albacete, el desprecio de Santiago Abascal hacia el convenio de Estambul sobre esta lacra, suscrito por España, las batallas por los símbolos, la designación como presidentes de las Cámaras de Aragón y Baleares de personajes con un largo historial de exabruptos en este campo, la amenaza con acciones judiciales contra el grupo socialista de las Cortes de Castilla y León por colgar la enseña LGTBIQ+ en el balcón de sus despachos... 

El PP se ha mantenido hasta ahora en una posición de no transigir con las peticiones más desatinadas de la extrema derecha, o de evitar algunos perfiles imposibles de defender como el cabeza de lista de Vox en la Comunitat Valenciana. Con la excepción precisamente del precipitado pacto en esta comunidad, ha intentado evitar el acceso del partido de Abascal a posiciones en el Ejecutivo y en los pactos programáticos ha transigido, en estos campos, más en lo simbólico que en lo efectivo, como en el acuerdo de las Baleares en el que se recoge que se trabajará para erradicar «los discursos machistas» (pero se añade la coletilla «religiosos» para satisfacer a Vox con una adenda que se pueda entender que alude al islamismo) y se dice que se identificarán las causas y «perfiles repetidos» de los agresores pero se excluye el término «violencia de género». Pero aun así, los acuerdos para sentar a dirigentes de esta formación en posiciones tan prominentes como las presidencias de las cámaras autonómicas ofrecen espacios para la difusión de su propaganda. Algo que va más allá de difundir el mensaje de su partido con propósitos electorales, ya que puede ayudar a legitimar, o relativizar, discursos y actos de odio.

La defensa de todas las personas y colectivos que ven amenazados sus derechos y su integridad física por motivos de género u orientación sexual forma parte en Europa del consenso democrático básico, queda protegida por acuerdos transversales de las fuerzas que lo suscriben y no debe formar parte del arsenal de armas de confrontación política entre unos y otros, ni de las cartas que puedan cambiar de manos en ningún tipo de negociaciones. En lugar de caer en las provocaciones de Vox para el propio beneficio electoral, lo que corresponde es vigilar y denunciar cualquier violación de derechos ignorando sus bravuconadas.