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Presunto delito ecológico

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Chimeneas sin control

El caso de la incineradora del Besòs constata la falta de vigilancia administrativa en la quema de residuos

Dos personas observan la incineradora de Tersa, en Sant Adrià de Besòs.

Dos personas observan la incineradora de Tersa, en Sant Adrià de Besòs. / ZOWY VOETEN

Deshacerse de los residuos que generamos tiene un coste. Por eso la tendencia creciente es la de potenciar los materiales reciclables y reducir los residuos que han de ser eliminados en procesos que no solo suponen un derroche de materiales y energía sino que a menudo pueden entrañar riesgos para el medio ambiente y para la salud si superan determinados límites. Y si ha sucedido eso es justamente lo que está investigando un juzgado de Badalona en relación a la incineradora de residuos urbanos de Sant Adrià de Besòs, gestionada por la empresa pública Tersa, para dilucidar si en la eliminación de los residuos se han rebasado los límites legales y se ha puesto en peligro la salud de las personas. 

La investigación se originó a raíz de una denuncia del la plataforma vecinal Aire Net que dio lugar a la apertura de una causa por presunto delito ecológico por parte del servicio de medio ambiente de la fiscalía dirigida contra Eloi Badia, concejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de la empresa, y el jefe de explotación de la planta. Y aunque se trata de una cuestión técnica muy específica, vinculada a la temperatura a la que se deben quemar los desechos para minimizar los riesgos para la salud, se trata de esclarecer si entre 2015 y 2019 la planta excedió las emisiones de partículas y sustancias contaminantes como consecuencia de la quema de la basura a una temperatura inferior a la requerida, que viene determinada por medio de un algoritmo, y si esta actitud fue tolerada por los responsables técnicos y políticos. Un extremo que de confirmarse resultaría muy incongruente por parte de unos responsables políticos que han hecho de su cruzada contra la contaminación su mayor signo distintivo.

La administración encargada de controlar que las emisiones tras la quema se ajustan a los parámetros legalmente establecidos es la Generalitat de Catalunya. Y en el transcurso de la causa el Departament d’Acció Climática ha remitido al juzgado los registros de unas mediciones que avalarían la tesis de los denunciantes, es decir que la contaminación habría rebasado los límites establecidos en numerosas ocasiones. La Generalitat, sin embargo, ha atribuido esas cifras disparatadas que certificarían el rebasamiento a un fallo masivo con los decimales en la transcripción de los datos y sostiene, al igual que hizo Badia en su comparecencia ante el juez, que en ningún caso se han superado los límites legales. 

Sin embargo, más allá de lo que pueda acabar dictaminando la justicia lo preocupante de este caso no es solo que puedan haberse rebasado los límites de contaminación sino el reconocimiento hecho por parte de la propia Generalitat de que no tiene capacidad para cotejar de manera automática los datos de las empresas que queman residuos. Los datos no dispararon ninguna alarma, lo que demuestra, y la administración lo ha asumido, que escapan a su control los posibles excesos de contaminación de estas empresas y que la fiscalización solo se produciría 'a posteriori'. Con este reconocimiento que implica una clara dejación de funciones se admite que se está dejando el control en manos de las empresas que queman los residuos y que son potencialmente contaminantes y se espera que sean ellas mismas las que se autorregulen. Y esto es algo que no resulta aceptable.