Ágora
José María Raya

José María Raya

Catedrático del Tecnocampus-UPF.

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La odisea del alquiler social

Este tipo de alquiler ayuda a la emancipación, a ofrecer un hogar a los colectivos vulnerables, y su fortaleza actúa como competencia del alquiler privado, con lo que lo disciplina

Un piso en alquiler.

Un piso en alquiler. / DM

La vivienda ocupa nuestra actualidad política la última semana. Lo último, el anuncio de la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social. El alquiler social ha sido el gran olvidado de nuestra política de vivienda. Hoy solo un 2.5% de las viviendas en alquiler, unas 300.000, son de alquiler social, tienen titularidad pública y se alquilan a hogares vulnerables. La media de la UE se sitúa en el 9,3%, los países que deberían ser nuestro espejo (Austria, Países Bajos o Dinamarca) por encima del 20%. El alquiler social ayuda a la emancipación, a ofrecer un hogar a los colectivos vulnerables, y su fortaleza actúa como competencia del alquiler privado, con lo que lo disciplina. Además, consigue todo eso sin dañar el derecho a la propiedad, sin trasladar la responsabilidad al sector privado. Pero cuesta dinero. La odisea de la vivienda social en España viene de lejos. La construcción de viviendas sociales se ha dividido entre 10 desde los años 80, cuando se hicieron 1.000.000 de viviendas sociales. Pero la inmensa mayoría de las que se construyeron entonces lo fueron en propiedad y se vendieron, con lo que el sector público las ha perdido. La primera lección es que la construcción de vivienda social debe ser para el alquiler. Al menos, mientras no lleguemos a los estándares europeos. 

¿Cómo valoramos esta movilización de viviendas de la Sareb? Pues de forma positiva, toda vivienda social en alquiler es bienvenida. Ahora bien, su impacto será muy limitado. En primer lugar, porque para estar a niveles de la media europea necesitaríamos llegar a tener 1.500.000 viviendas en alquiler social. 50.000 ayudan pero queda un largo camino. En segundo lugar, porque según Moncloa la desagregación de las 50.000 viviendas es la siguiente. 21.000 viviendas, de las cuales la mitad todavía no están listas para vivir, se pondrán a disposición de las CCAA, que deben comprarlas a la Sareb: es decir, si una autonomía no se quiere acoger, no se utilizarán. Otras 14.000 ya están habitadas por colectivos vulnerables a día de hoy, con lo que se trata únicamente de regularizar la situación de esos 'okupantes' vulnerables. Las últimas 15.000 viviendas públicas todavía no están construidas, de hecho, hoy son suelo que ni siquiera está licitado, con lo que habrá esperar, mínimo, unos tres años. Finalmente, las 50.000 se ubican mayoritariamente en lugares donde la necesidad de vivienda asequible es menor. En datos, apenas 15.000 se sitúan en las zonas tensionadas, y únicamente 2.200 propiedades en ciudades como Madrid, Valencia, o Barcelona. Es decir, de facto, el efecto neto inmediato será mucho menor a las 50.000 anunciadas.

Los países que tanto admiramos llevan mucho tiempo trabajando en una política de vivienda sostenida, con independencia del color político. Austria lleva 100 años haciendo vivienda en alquiler social. Una ministra dijo que el PSOE tiene un plan para que, en 20 años, estemos en los estándares europeos. Estoy de acuerdo en que no es una política que se consiga en una legislatura. Pero, ¿necesitamos que este PSOE gobierne 20 años para ello? ¿Y si es otro PSOE u otro partido? Hace una semana, una encuesta del grupo Prisa mostraba que más del 90% de los votantes de cualquier partido político apoya la vivienda social, ¿no debería de haber un gran pacto de política de vivienda con las medidas menos polémicas de cada color, como hacer vivienda social? Mucho me temo que, si no es así, continuaremos en nuestro particular “2023, odisea en la vivienda social”.