Lo que ahora hay que hacer en las políticas públicas no es 'todo, para todo y al mismo tiempo'

Lo que ahora habría que hacer para enderezar las políticas públicas al servicio de las necesidades ciudadanas, nuestras administraciones responsables no lo saben hacer. El debate sobre el abandono de la propuesta de la Renta Básica Universal así lo demuestra. Veamos.

Hace tiempo que sabemos que el crecimiento que genera la economía globalizada se acompaña de un aumento de la desigualdad mundial. A pesar de esto, se puede pensar que incluso en esta nueva situación el bienestar de la sociedad mejora: la pobreza absoluta se reduce, hay menos pobres, a pesar de que haya cada vez ricos más ricos. Pobreza y desigualdad: una baja, la otra crece. ¿Cómo lo valoramos? Sea cual sea la respuesta, es, sin embargo, bien seguro que las fragilidades que se generen entre los menos favorecidos tendrían que ser uno de los motores de las políticas públicas. Aquello de que nadie se quede atrás al servicio de una mejor cohesión social en beneficio de todos.

Como hoy muchos analistas descubren, por esta tarea las políticas universalistas a las cuales nos había acostumbrado el estado del bienestar tradicional no sirven: son demasiadas caras para lo que los Estados pueden financiar, y poco efectivas (los recursos se diluyen en colectivos que no los necesitan), siendo de esto su máximo exponente la llamada renta básica universal. ¿Alguien creía que vía IRPF se recuperaría con crece lo que cobrarían con la renta básica los ricos? Quién es tan ingenuo para pensar que con 700 euros la gente se engrosará en el 'no trabajo' o que con este básico equiparará oportunidades vitales? ¿Universal para jóvenes y niños? ¿Universal para jubilados restando prestaciones? Quién ha hecho internacionalmente planes pilotos de este tipo los ha parado. ¿Nosotros somos mejores? ¡Afinar el tiro de perdigón y no disparar cañones sin pólvora es lo que necesitamos ahora!

Hacer, sin embargo, una política pública más sensata, selectiva con sus beneficiarios, que compense contra la regresividad que introduce la imposición medioambiental o la subida de precios no es sencillo. Implica repensar transferencias a determinados grupos en lugar de de bajadas generales de precios o de impuestos (IVA, carburantes), hecho que requiere unas capacitaciones que nuestros gestores públicos hoy no tienen. Por un lado, en una administración político-dependiente como la que tenemos, cribar y priorizar da miedo al político: el destinatario del beneficio, discriminado positivamente, lamenta incluso el tiempo que han tardado en reconocer su causa; al mismo tiempo el resto de población no identificada se siente discriminada negativamente por los impuestos que paga. Por otro lado, para las nuevas tareas el gestor público necesita una capacitación que no tiene; así sea por hacer correctamente la prueba de necesidades (¿quién, relativamente, debe priorizarse?) como para hacer la prueba de medios (¿quiénes no se lo pueden pagar?). El universalismo es, así, por ambos -político y gestor público- una mejor zona de confort: universalismo de todo para todos, de la mejor calidad que se pueda; póngase a la cola que algo recibirá, lo que sea que en cada momento esté disponible com en el oscarizado filme: 'Todo a la vez en todas partes'.

Los antídotos para facilitar lo que cada vez habrá que hacer más y mejor son, por un lado, marcar los límites de la política sobre la gestión pública: más estabilidad ante los cambios electorales, abordajes menos cortoplacistas, menos confusión en las decisiones administrativas en la conjunción de las cuestiones de eficiencia con las de potestad y autoridad pública. Y, por otro lado y sobre todo, más formación contra las inercias para los empleados públicos, y savia nueva mejor formada para los nuevos entrantes. Sin esto, muchos de los cambios que hacen falta, pedidos por entidades muy variadas, serán un brindis al sol.

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