El tridente de Salvador Illa para ejercer de oposición tras la aprobación de los presupuestos del Govern

"Tripartito autonómico", agitan con aspavientos desde las filas de Junts tras la alianza que ha permitido a ERC aprobar los presupuestos de la mano del PSC y de los Comuns. Pero, más allá de una ruptura de bloques que el Govern entiende como instrumental para sacar adelante las cuentas, el jefe de la oposición, Salvador Illa, ha demostrado en la última semana que haber acordado con el 'president' Pere Aragonès la principal ley que permite dar cuerda a la legislatura no supone que se haya consolidado una mayoría alternativa estable. Menos aún a las puertas de las elecciones municipales.

Los socialistas han tejido una estrategia que bascula entre erigirse en el partido "útil" y "responsable" del Parlament y, a su vez, ser el principal ariete contra los republicanos, a quienes quieren desgastar con el objetivo de arrebatarles la presidencia de la Generalitat. Y para ello han diseñado minuciosamente un tridente capaz de pinchar los puntos débiles de sus principales rivales electorales: hacer palanca en la grieta por ahora insalvable entre independentistas, cobrar el peaje de las contradicciones que ERC ha asumido en los presupuestos y sacar tajada de cualquier resbalón de sus candidatos municipales.

Acentuar la soledad de ERC

Tan solo hizo falta esperar un minuto tras la votación definitiva de los presupuestos para constatar que, a partir de ahora, ERC y el PSC irán de un incendio a otro. El episodio del plan piloto de la renta básica universal, que los socialistas tumbaron codo a codo con Junts a sabiendas que para el Govern es clave, ejemplifica cómo Illa sabe exprimir la mala relación entre los dos exsocios en la Generalitat. Hay un interés convergente de Junts y PSC por acentuar la minoría con la que gobiernan los republicanos y eso les ha llevado a una colaboración desde que se rompió el Executiu que se ha traducido en zancadillas parlamentarias y votaciones perdidas para los republicanos. De ahí que desde ERC se señale que una "sociovergencia" opera en el Parlament. El próximo episodio previsto es el de la semana que viene, cuando el Govern necesita convalidar el decreto sobre las medidas para hacer frente a la sequía. Ni el PSC ni Junts dan por garantizado su apoyo.

Pero el episodio que se prevé que haga estragos es el relevo al frente de la institución si Laura Borràs acaba condenada. Los socialistas ya han abierto a efectos prácticos el melón presentando esta semana una propuesta para eliminar las asignaciones y pensiones vitalicias que por ley corresponde a los expresidentes del Parlament. El objetivo es claro: forzar que una mayoría de la Cámara actúe rápido para dejar sin prestación a la líder de Junts y poner en jaque, más si cabe, la relación entre los independentistas. La zarza está ya tendida cuando ni tan siquiera ha llegado todavía el veredicto del tribunal.

Pulso por lo pactado en las cuentas

Si el acuerdo de presupuestos empezó con mal pie por el episodio de la renta básica -el Govern acusó al PSC de "incumplir" el pacto-, ha continuado con la exigencia de Salvador Illa a Aragonès, con carta incluida, de ejecutar con "diligencia" las partidas aprobadas en los presupuestos para afrontar la sequía. Es solo el aperitivo de lo que está por venir, puesto que, según lo acordado, en dos semanas como máximo debería firmarse el convenio de la B-40, la polémica carretera entre Sabadell y Terrassa que ERC acabó aceptando a pesar de haberse pronunciado en contra y poder atar el 'sí' de Illa a las cuentas.

En el camino de poner negro sobre blanco tendrán que resolver las distintas interpretaciones que ambas partes hacen del acuerdo, además de lidiar con la oposición de los Comuns, que insisten en que no puede llegar, tampoco del Gobierno, ninguna partida para esta infraestructura. Este será sólo el primer capítulo sobre los polémicos macroproyectos, pero a medio plazo llegará también el momento de dar un empujón al Hard Rock y de constituir la comisión técnica para abordar el aumento de la capacidad del aeropuerto de El Prat.

La batalla de las municipales

Las elecciones del 28 de mayo son concebidas por el PSC como un trampolín para las próximas elecciones catalanas, de la misma manera que Barcelona en concreto es clave tanto para Salvador Illa como para Pedro Sánchez ante el gran reto de que estos comicios sean un seguro de vida de cara a las generales. Los socialistas se medirán con ERC en cantidad de votos en las municipales y uno de los objetivos del PSC es ganar aún más apoyos en su gran bastión, el área metropolitana, donde su supremacía es incuestionable pero donde los republicanos pretenden seguir ampliando su apoyo como hicieron ya en 2019.

Las aspiraciones de Ernest Maragall en la capital catalana se han visto cortocircuitadas por la irrupción de Xavier Trias y en ese desánimo mojan pan los socialistas, dispuestos a señalar flaquezas como la de intelectuales que se desmarcaron de una lista de apoyo. ERC pone también toda la carne en el asador en ciudades como Santa Coloma de Gramenet con Gabriel Rufián como alcaldable. Polémico ha sido su aterrizaje en el feudo de Núria Parlón. Que esta misma semana haya prometido la construcción de una nueva residencia de ancianos junto al 'conseller' Carles Campuzano ha acabado convertido en todo un avispero que el PSC, con otros partidos como Junts, ha exportado al Parlament con una petición de comparecencia y no descartando pedir la dimisión del 'conseller'.

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