Maestros del futuro sin sociología

Los proyectos de planes de estudio para los grados universitarios de educación infantil y primaria se han abierto en audiencia pública para presentar alegaciones hasta el 17 de marzo. La propuesta original ha dejado atónita a la comunidad educativa dado que son planes de estudio que no se han debatido en público, cierran la carga lectiva de forma rígida y, lo peor, entran en contradicción con ciertos aspectos de la LOMLOE o ley Celaá. Por tanto, sería conveniente que tanto el Ministerio de Universidades como el Ministerio de Educación revisaran a fondo una propuesta tan estratégica y determinante para el futuro de la educación.

Desde el informe McKinsey se ha establecido el tópico de que la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de su profesorado. Sin dejar de ser cierto, se olvida que la calidad del profesorado depende, a su vez, de la calidad de la gobernanza educativa. Es decir, de cómo se toman las decisiones, de cómo se construyen o no grandes consensos y cómo se diseñan e implementan las reformas educativas, los currículos y el perfil profesional del profesorado.

En esta ocasión, asistimos a un caso preocupante de opacidad y de captura de un bien público desde intereses corporativos que se han saltado toda participación y deliberación de algo tan determinante como es la formación inicial del profesorado. Ni las consejerías autonómicas de educación, ni los movimientos de renovación pedagógica, ni los maestros en ejercicio, ni los alumnos de magisterio, ni los sindicatos ni las asociaciones de familias conocían esta propuesta, no pudiendo aportar nada o matizarla. Incluso algunos decanatos de Educación la desconocían, así como la mayor parte de los departamentos académicos involucrados que son los que tienen la competencia docente (y no los decanatos). 

En segundo lugar, sorprende el detallado reglamentismo del proyecto que multiplica por cuatro la extensión de la anterior orden de 2007 que regulaba lo básico y dejaba los detalles a las universidades. De hecho, es esperable un texto tan largo cuando no ha habido ninguna participación pública para así poder blindar un decreto normativo que definirá la profesión docente durante los próximos 15 años. No es un tema menor y deja en entredicho la calidad de nuestra gobernanza educativa y cómo ciertos 'lobbies' opacos imponen sus criterios.

Toda definición curricular es una construcción social y política en la que se espera que el Estado actúe por el interés general y universal, equilibrando las diferentes demandas y voces que participan. En este caso no ha habido debate curricular y los Ministerios implicados no pueden cometer errores que otros Ministerios han cometido últimamente al no tener en cuenta las implicaciones de lo que regulaban. 

Es una propuesta con graves incoherencias como definir los mismos objetivos formativos para Infantil y para Primaria, siendo obligado preguntarse por qué entonces se defienden como grados separados o por qué no se crean otros grados. Es el caso del inexistente grado de educación permanente de personas adultas. Y más ante la necesidad urgente de formar, recualificar y acreditar al 44% de la población activa sin título formativo alguno y de dar apoyo a los procesos de inserción de parados o a los proyectos de ciudad educadora y de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué tan solo el 20% de los créditos se dedican a las prácticas en escuelas en lugar de hacer formación dual para muchos contenidos didácticos que son repetitivos y deben adquirirse en la práctica?  

En los objetivos y en los módulos formativos, lo social queda reducido a habilidades sociales para las relaciones interpersonales (sic). Se obvia el necesario conocimiento teórico y empírico que todo educador/a ha de tener en torno a las funciones sociales de la educación, al impacto de la desigualdad y de la pobreza infantil en el aprendizaje, al enfoque interseccional, al por qué existe la segregación escolar, qué es la sociología del profesorado y del currículum o qué es la equidad educativa y el impacto redistributivo del gasto educativo. Si conocemos el interior de esa caja negra que es la escuela y las inercias del profesorado, es gracias a las aportaciones críticas de la sociología de la educación que tanto molestan a quienes ahora la eliminan. 

La propuesta ha cancelado todas las aportaciones y evidencias de la sociología, encapsulando al futuro profesorado en una visión didáctica de aula y de alumno, sin contexto social y olvidando que toda práctica educativa está condicionada por factores sociales y de poder. Parece mentira que tengamos que defender lo obvio pero la reducción del peso de la sociología en la formación de maestros viene ya desde 2007 en la época Zapatero. Como si cualquiera pudiera impartirla o cancelándola ahora sin miramiento. Aún se puede evitar y superar una propuesta tan corporativa y academicista que deja sin conocimiento sociológico a las futuras generaciones de maestros. Sería algo inédito en Europa y algo imperdonable en un gobierno progresista.

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