Corrupciones, transparencia y respuestas

Dos tipos de prácticas, igualmente denunciables, se deducen de las informaciones hechas públicas en relación al caso Mediador y a la operación Cataluña, y ambas, presuntamente, responden a dos manifestaciones de un mismo fenómeno: la corrupción. La corrupción que anida en el convencimiento de la impunidad. Por más que haya matices tanto en las prácticas como en el tratamiento que los partidos afectados por cada uno de los casos, el PSOE en el caso Mediador y PP en la operación Cataluña, han dado al asunto, así como las posibles implicaciones de cada uno de ellos.

El caso Mediador, según se desprende de las investigaciones, es una red concebida con el propósito de facilitar la consecución de contratos, subvenciones públicas y ayudas europeas que agilizaba la concesión de licencias y que evitaba inspecciones y sanciones a cambio del pago de comisiones. En ella estarían implicados el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y algunos altos cargos, incluido el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, por el momento el único que ha ingresado en prisión acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal. El PSOE ha reaccionado exigiendo y logrando la dimisión del diputado presuntamente corrupto. Pero más allá de las conductas individuales, en la venta de favores por parte de la Administración ha de haber corruptos, corruptores y facilitadores en posiciones de responsabilidad: y todos deben salir a la luz. Utilizar el Congreso de los Diputados o la Dirección General de la Guardia Civil para enredar a los aspirantes a corruptores, aunque las contrapartidas prometidas fuesen finalmente ilusorias, basta para considerar lo sucedido algo más que un caso particular.  

La operación Cataluña, en cambio, sería una trama urdida por parte de algunos poderes del Estado, lo que incluiría a jueces y policía -entre ellos el excomisario Villarejo- con, si no el impulso, al menos sí con la connivencia del poder político, desde el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz hasta la diputada autonómica en la Asamblea de Madrid y también senadora Alicia Sánchez Camacho, con el propósito de buscar indicios, o inventarlos, de comportamientos que pudieran comprometer a dirigentes políticos independentistas o a personas presuntamente vinculadas a ese entorno, como Sandro Rosell. Y, de paso, obtener algún que otro beneficio particular. La admisión a trámite de la querella presentada por este último, que permaneció injustamente en prisión preventiva durante dos años por decisión de la jueza Lamela antes de ser absuelto, es una buena noticia para empezar a esclarecer los hechos. 

Ante las reacciones de unos y otros ante las informaciones que se han ido sucediendo, cabe recordar que ni señalar la implicación del contrincante político en otras tramas comprometedoras sirve como argumento válido para despejar la responsabilidad sobre las propias, ni tampoco incidir en la hipotética mayor o menor relevancia de cada una de ellas. La transparencia y la asunción de responsabilidades es igualmente exigible en ambos casos. Y en todos ellos aflora (como en el caso Pujol u otros pendientes de sentencia) una lacra de la democracia española, la convicción de sentirse blindados e impunes, que ningún posicionamiento debería reforzar, sino desmentir.