El lujo de compartir piso

El efecto dominó de la crisis de vivienda española está a punto de cerrarse. La ficha de comprar la vivienda cayó después de la crisis inmobiliaria de 2008. La caída de esta ficha arrastró la ficha de alquiler, después de 2015. Y llegamos a 2023 y parece que el dominó se ha cerrado: si ya no es asequible comprar, ni alquilar un piso completo, tampoco lo es alquilar una habitación en un piso compartido. La crisis es ya completa y llega a todas las latitudes del territorio español. 

Ya ni compartir piso es asequible, todo lo contrario: es todo un lujo. A falta de una estadística pública rigurosa sobre el fenómeno, solo podemos acogernos a los (sesgados al alza) datos de portales inmobiliarios, como Fotocasa. Así nos encontramos que el alquiler de habitaciones en España se ha disparado un 66,2% desde 2015: de 265€ a 440€. Y en ciudades como Madrid y Barcelona, se han disparado también hasta los 527€ y los 575€, respectivamente.

Razones hay múltiples. Desconfíen de aquellos que realizan explicaciones monocausales y proponen soluciones únicas a esta crisis. Lo que sé es evidente es que la mano invisible del mercado no soluciona el problema y la mano visible del Estado se mueve demasiado lenta. Es indudable que hay escasez de oferta, y especialmente de oferta social y asequible, en lugares de alta demanda. Aquí el Estado está muy por detrás en sus deberes. Con solo un 1,5% de vivienda protegida no se puede garantizar el derecho a la vivienda. Y parece que solo algunos gobiernos, como el de Barcelona que ha doblado su parque social, se están tomado en serio su tarea de hacer crecer el parque público de alquiler. 

Pero aumentar la oferta no es suficiente, y tomará mucho tiempo hasta que produzca efectos sistémicos. En el mientras tanto toca regular, protegiendo a los inquilinos y marcando coto a los comportamientos predadores que atentan contra la función social de la propiedad. Para aquellos que argumentan que el problema es la sobrerregulación, aquí va un dato: el mercado de alquiler habitacional está desregulado. No existe una regulación específica de alquiler de habitaciones. La Ley de Arrendamientos Urbanos no cubre estos casos. Selo el Código Civil sirve para este tipo de contratos, igualando una relación desigual. No es justo ni lógico que los inquilinos que arriendan una habitación estén menos protegidos que los que arriendan un piso completo. Ni que la limitación estatal del 2% a los incrementos anuales de los precios de alquiler no se aplique al alquiler de habitaciones.

Por suerte, existen buenos ejemplos. En ciudades punteras europeas, como Viena o Helsinki, donde existe una oferta de alquiler social y asequible abundante a la vez que una regulación protectora y coherente del mercado, las cosas pintan mejor: vieneses y helsinguinos pagan menos alquiler teniendo mucho más poder adquisitivo que madrileños o barceloneses. Mientras se aumenta la oferta de alquiler protegido, la esperada ley estatal de Vivienda debe tomar nota: es fundamental realizar una norma omnicomprensiva que incluya, también, el alquiler habitacional.  

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