Instrumentos para ordenar la sanidad

Cómo se suele decir, no hay más sordo que el que no quiere oír. Pasa el tiempo y no se observa reacción a un problema que clama al cielo: la falta de instrumentos para evaluar buena parte de las decisiones que confronta nuestro sistema de salud, tanto por su sostenibilidad financiera como por su solvencia, entendida como la capacidad de solventar los retos que se avecinan. En un contexto de cronicidad y multimorbilidad poblacional resultado del afortunado alargamiento de la esperanza de vida, incluidas las innovaciones tecnológicas que curan o aligeran sustancialmente la enfermedad, con incrementos de la calidad de vida, se anticipan costes prohibitivos que cuestionan el mismo sistema sanitario. Tenemos ya tratamientos para casi todo tipo de enfermedades, se lucha contra el cáncer, las enfermedades raras, ahora incipientemente contra el Alzhéimer y en aspectos genéticos de la obesidad. Todo esto, a volúmenes de actividad cada vez más elevados (de la mano de la demografía) o de los precios (la innovación), que la industria sanitaria significa por el supuesto valor que añaden. Y pese a la atormenta perfecta que se acerca sobre nuestro sistema sanitario, los responsables estatales continúan refugiados en 'nichos' administrativos, gestión politizada y retórica populista.

Ahora hace dos años que más de trescientos investigadores del área de ciencias de la salud y de la economía y la gestión sanitaria pedimos la creación de una agencia para poner orden, evaluar y priorizar las prestaciones sanitarias, con la finalidad de reconducir todos aquellos adelantos tecnológicos para que no se lleven por delante a nuestro sistema de salud. La respuesta gubernamental fue nula. Ya sabíamos todos lo que había costado que el Gobierno de turno en su día aceptara una Oficina Presupuestaria (al estilo de la Congressional Budget Office) en versión sucedánea (profesor Barea-presidente Aznar), o la creación de la Airef (versión Escrivá, ante el ministro Montoro). Pero de la necesidad, como en su día la exigencia de la Unión Europea para poner orden al gasto público español, se supo hacer virtud. Y Airef es hoy un referente, aunque sea de la evaluación 'ex post' y simples recomendaciones, de algunas partidas de gasto. De forma que con todo el dinero que cae ahora del cielo europeo por la Next Generation, el contexto parece de nuevo de lo más oportuno: la creación de HispaNice, una agencia independiente para la evaluación 'ex ante' de nuevos tratamientos y prestaciones, con un mínimo de objetividad que dé credibilidad a las propuestas de priorización, al estilo de las mejores instituciones europeas. Pues no. Ni el Ministerio de Sanidad, ni el de Economía ni el de Hacienda y Administración Pública contemplan esta 'agencialización' de un problema, el de la relación de los costes con la efectividad que, llevado políticamente, les puede estallar en sus manos. Pese a las promesas de la Dirección General de Farmacia, en la primera línea de esta patata caliente de valorar si lo que se hace en la sanidad vale lo que cuesta, ningún movimiento ni en el sentido inglés del HispaNice reclamado, ni de la correspondiente agencia alemana, sueca o francesa. Se resisten a perder discrecionalidad, a la voluntad de influir políticamente en cuestiones técnicas como son las de evaluación, para no renunciar a parcelas respecto de otros ministerios. Y después de un día viene otro, a pesar de que los problemas en nuestro sistema sanitario se acumulan.

El redescubrimiento de unos es hoy hacer pilotar estas tareas también sobre la propia Airef. Error. La reputación de esta institución no aguantará la priorización aplicada a tratamientos que visualicen discriminación entre beneficiarios. Ni por los métodos requeridos ni por la especialización necesaria tiene sentido engordar sin cesar las plantillas de profesionales sobrevenidos a estas nuevas tareas, cuando en el congelador se encuentra la creación de la Agencia de Salud Pública, que quedará así financieramente limitada por valoraciones ajenas. Tampoco es Airef sustitutivo del trabajo de buenas universidades y grupos de investigación para las metodologías requeridas, ni tiene la credibilidad que, para bien o para mal, tiene la academia, tanto heterogénea políticamente como libre y preparada en el mundo científico. Un consejo asesor Airef -que, por cierto, no cuenta con ningún analista del país- no se puede dedicar a intermediar para que las tareas se acaben encargando a terceros, con un coste de transacción adicional y, eso sí, manteniendo el filtro de su dirección, mucho más próxima al nombramiento político.

Es desalentador luchar para transformar una política pública estatal tan sesgada, en la que cuesta tanto regenerar las viejas maneras con las que actúan los poderes centrales del Estado. Solo el control de la financiación impide que desde los territorios algunos innoven, acercándonos a una modernidad que se resiste.

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