Urnas con presidencia europea

El calendario político español para 2023 tiene varias fechas subrayadas en rojo: las elecciones municipales y autonómicas de mayo, las legislativas de diciembre y la presidencia de turno de la Unión Europea durante el segundo semestre. Será la quinta vez que asume el país tal cometido y la primera en la que coincidirá con una campaña electoral. Pero son tantos los dosieres abiertos en Bruselas que afectarán a la presidencia española que es de desear que Gobierno y oposición entiendan desde el 1 de julio que se trata de un compromiso de Estado y que todo enfoque partidista erosionará la imagen exterior del país y aun su capacidad de encarar problemas acuciantes que seguramente heredará de la presidencia de Suecia, que empezó el domingo.

De entrada, los vaticinios hechos ayer por la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acerca de la recesión que se vislumbra a causa de la desaceleración de la economía en Estados Unidos, China y la Unión Europea poco menos que garantiza un horizonte de crisis económica, quizá no muy larga, pero con segura repercusión en el clima social. De tal manera que a los efectos en la economía europea de la guerra de Ucrania –imposible de prever cómo evolucionará–, con consecuencias especialmente perniciosas en el mercado energético, en la inflación desbocada y en los sobrecostes en materia de seguridad se sumarán los problemas fruto de la recesión, que puede afectar a un tercio de la economía mundial, según el estudio del FMI.

Hay otros elementos de índole económica que pasan de una presidencia a otra cuyo trámite es de una creciente complejidad: la emergencia climática y la reforma del mercado eléctrico. La repercusión social de ambos asuntos afecta al modelo productivo y es indispensable que vean la luz planes de actuación, con una cita importante a finales de año, la conferencia COP28, cuyas ediciones precedentes han sido más motivo de frustración que de progreso. Se trata de dosieres en los que pesará más el compromiso colectivo de los socios europeos que la impronta de la presidencia rotatoria, pero puede ahí presentar España su experiencia en el campo de las energías alternativas y desempeñar un papel impulsor para promover cambios en el mix energético.

Para que ello sea efectivo en esos apartados y otros –la aplicación solvente del programa Next Generation, los vínculos con América Latina, la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo– es imprescindible que las estrategias electorales no interfieran en la presidencia. En este sentido, sería saludable que antes de julio se diera con una salida a la larguísima anormalidad de un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado desde hace cuatro años, evitando de paso que la Comisión llame de nuevo la atención a España, enzarzada en una crisis institucional que el PP no parece dispuesto a desactivar bajo ningún concepto.

Es inevitable que dos citas electorales separadas entre sí solo por seis meses obliguen a considerar 2023 un año en permanente campaña. Pero sería en extremo perjudicial que este clima previsible tuviera eco en los foros europeos. Hay precedentes para esperar que tal cosa no suceda, el más reciente, la presidencia de Francia el primer semestre de 2021, cuando Emmanuel Macron optó a la reelección frente a Marine Le Pen y logró deslindar razonablemente la competición interior del compromiso europeo. Todos los partidos harían bien en tomar nota de ello, pero de los que más cabe esperar un ejercicio de responsabilidad europeísta es de los dos grandes.