La vía cooperativa por el derecho a la vivienda

El año pasado se publicó ‘Arrelats’ (2021), un libro modesto que recoge el fenómeno de familias que, en Catalunya, han vivido durante generaciones –algunas, cerca de un milenio– en la misma masía. Más allá de las curiosidades, el libro puede hacer evidente que los fundamentos culturales de la propiedad de la casa y la herencia como bien común familiar están más lejos de lo que parece de las nociones de propiedad privada inmobiliaria especulativa. Pero a veces parece que nos cuesta aceptar que, en su versión contemporánea, la familia y la movilidad vital poco tienen que ver con la masía irredenta que aún resiste al agroturismo, o bien a Airbnb. Y el hecho de que apostar por una sociedad de propietarios aquí y ahora significa exponernos –y, a menudo, reproducir alegre o inconscientemente– a unas dinámicas especulativas fortísimas que en gran parte condenan a los hijos a no poder emanciparse. O a formar (o no) familias estranguladas por el alquiler, o a vivir sufriendo por cuándo llegará la carta de desahucio aunque se haya pagado religiosamente cada mes, o a aceptar que no te alquilen el piso cuando ven tu color de piel. O tantos otros casos más, también, de los que se han hipotecado de nuevo con un euríbor inestable.

Sin embargo, las historias que aparecen en ‘Arrelats’ son solo un ejemplo de la gran cantidad de formas históricas de crear y custodiar las casas; comunalmente, familiarmente, a través de señores, reyes, instituciones religiosas, entes públicos, agentes privados, etc. En el siglo XX quizá pareció que la cuestión estaba resuelta con estados autoritarios benévolos o manos invisibles del mercado. Pero lo cierto es que, cuando se abandona la lucha para que la vivienda no sea un bien de inversión en una economía global capitalista, son los propios estados los que acaban legislando para que el especulador de turno lo tenga más fácil para echar a la gente de casa. Ni la familia, ni la comunidad, ni el Estado por separado parecen haber encontrado la manera de contener a las fuerzas rentistas alrededor de la vivienda.

Hace unas semanas se reunieron en Barcelona más de 500 personas en el Fòrum de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 2022, precisamente para consolidar unas nuevas alianzas público-cooperativas comunitarias hasta ahora poco vistas en nuestro país. La apuesta es crear las condiciones tanto físicas como relacionales a nivel de casa, edificio, e incluso de barrio, que fomenten el sostenimiento de comunidades vecinales fuertes. Y así, estas comunidades, organizadas cooperativamente e imbricadas con lo público, pueden ser capaces de mantener el equilibrio imperfecto que haga redundantes a las fuerzas especuladoras del mercado. Con el título 'La vía cooperativa por el derecho a la vivienda', técnicos y políticos han estado debatiendo, reivindicando y comprometiéndose con este nuevo modelo que fundamentalmente defiende que la vivienda sea un bien de uso y no de inversión. Además, organizado por redes de entidades del sector y con el apoyo de las administraciones, se ha ampliado el compromiso político con la vivienda cooperativa en cesión de uso con la Declaración de Barcelona, firmada por distintos representantes de administraciones públicas como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el ‘conseller’ de Territori de la Generalitat de Catalunya, Juli Fernàndez, entre otros. También se ha debatido sobre temas como la financiación, los cuidados y el sostenimiento de los proyectos, o sobre experiencias prácticas aplicando la transición energética. Por último, se ha puesto de manifiesto también la articulación con el resto de agentes del movimiento por el derecho a la vivienda, como se pudo ver en la manifestación '#GuanyemTerreny a la especulación' en la plaza de Sant Jaume. En resumen, fueron más de tres días para acercarse por primera vez o para reencontrarse con el nuevo modelo de vivienda cooperativa que se abre paso en Catalunya. Con paso firme.