Las costuras de la malversación

La reforma del Código Penal iniciada con la intención de reajustar lo previsto en el delito de sedición y evitar la entrada en la cárcel de más implicados en el fracasado proceso independentista de 2017 acabará arrastrando otras modificaciones. Unas en particular claramente interconectadas, la modificación del delito de malversación de fondos públicos y la creación de nuevos tipos penales para cubrir los flancos descubiertos por esta iniciativa. Otras, en cambio, heterogéneas y tramitadas en un mismo paquete de forma meramente accidental, como la que pretende poner a los miembros del CGPJ dispuestos a bloquear la renovación del Tribunal Constitucional ante responsabilidades penales, una oferta para que cesen en su actitud que parece que no podrán rechazar, o introducir medidas de orden penal en el campo de la legislación laboral. 

Aunque la reforma del delito de malversación se haya planteado como una enmienda de ERC abierta a ser modulada 'a posteriori' desde los grupos parlamentarios de la mayoría gubernamental, es evidente que es uno de los frutos del diálogo establecido entre socialistas y republicanos tanto para proseguir en la desescalada y distensión del conflicto político en Catalunya como para garantizar la estabilidad en Madrid. Lo que contribuya, como ya lo fueron los indultos, a pasar de la situación de cisma político y social que nos puso en 2017 al borde del abismo a una situación como la actual merece el apoyo de todo aquel que prefiera la normalización de la vida política democrática a alimentar la tensión y polarización. Aunque más allá de la aprobación de los Presupuestos, estos pasos también deberían ser correspondidos por parte de ERC, por ejemplo aceptando la necesidad de un diálogo también en Catalunya con los partidos no independentistas, y levantando deslegitimadoras líneas rojas sobre estos en su política de pactos. 

Pero que los propósitos sean bienintencionados, que intenten dar una respuesta proporcionada a un problema real y que en su formulación conciten el consenso necesario para ser aprobados no basta. La formulación técnica de la reforma legal no ha de dejar resquicios que faciliten interpretaciones que se alejen de los objetivos buscados como ha sucedido con la aplicación de la ley del 'sí es sí'. O lo que podría resultar de la reformulación del delito de sedición, que podría dejar en un vacío legal los actos que violen el funcionamiento democrático de las instituciones sin suponer desórdenes públicos ni tampoco alcanzar la categoría de alzamiento violento que requiere el delito de rebelión.  

Distinguir los actos de malversación que buscan el enriquecimiento personal o de terceros -como la financiación ilegal de partidos-, ante los que no puede haber ni un paso atrás, de la utilización de este tipo legal como un agravante para penar acciones de cariz político sobre las que ya pesan otras previsiones legales o de la mera utilización de fondos para objetivos distintos a los previstos puede ser razonable pero tener también efectos indeseados. Es lo que suele suceder cuando se intenta legislar a la medida de una situación concreta. Y demuestra que ese peligro está más que presente el hecho de que en paralelo se haya presentado la persecución del enriquecimiento de origen no explicado de los cargos públicos como medida compensatoria, y que se haya tenido que insistir que políticos socialistas como los condenados por el caso de los eres no han de verse beneficiados. Más allá del lucro personal hay otras muchas formas de distraer recursos públicos para fines muy distintos del bien común, y todas ellas deben ser perseguidas. Años de discurso de lucha contra la corrupción no pueden quedar en cuestión por una reforma que dé respuesta a una necesidad coyuntural.