El Ejecutivo pretende castigar con el Código Penal a los vocales del CGPJ que bloqueen nombramientos

Entre la amalgama de enmiendas que el Gobierno presentó este viernes a su proposición de ley para derogar la sedición, PSOE y Unidas Podemos registraron dos propuestas para forzar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional. Socialistas y morados plantean rebajar las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial para elegir a los magistrados del Alto Tribunal y esquivar así el veto del bloque conservador, que ya ha movido ficha convocando un pleno de urgencia para eludir la reforma. Además, quieren imputar responsabilidades penales a los vocales que impidan los nombramientos.

Esgrimiendo la actitud "antidemocrática" y "antisistema" del PP y el "intolerable" incumplimiento de la ley por parte de "algunos miembros" del CGPJ, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, explicó que quieren reformar la Ley Orgánica 6 /1985 del Poder Judicial para modificar el proceso de elección de los miembros del Constitucional. En la actualidad, es necesario una mayoría de tres quintas partes del órgano de gobierno de los jueces para elegir a los magistrados y con el nuevo planteamiento serviría con una mayoría simple. De esta forma se esquivaría el bloqueo de los vocales conservadores.

Además, el Gobierno no solo mueve ficha para que se desbloquee el Constitucional, sino para que se haga de manera inmediata. En la enmienda presentada se establece que una vez cumplidos los 9 años que dura el mandato de un magistrado del Constitucional y superados los tres meses posteriores de plazo que tiene el CGPJ para nombrar a sus dos sustitutos se activará un proceso exprés para que en 12 días hábiles sean elegidos esos dos candidatos con una mayoría simple.

"Si se incumpliera, culposa o dolosamente, se incurrirá en las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales", reza el texto ante la posibilidad de que algún vocal bloquee el proceso anterior. López no aclaró cuáles podrían ser estas consecuencias. "Lo que estamos viendo en el mundo de la justicia, tanto en la no renovación del CGPJ como lo que está haciendo el CGPJ es algo que causa bochorno y vulnera claramente la Constitución", argumentó también la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Esquivar obstáculos

La segunda enmienda modifica la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional para que si una vez pasados los 9 años y 3 meses de mandato de los magistrados propuestos por el Gobierno y por el CGPJ -dos, respectivamente-, "uno de estos órganos no hubiera realizado la propuesta", se proceda a "la renovación de los magistrados por el órgano que haya cumplido con su deber constitucional".

Esta modificación respondería a la situación que se está viviendo ahora. La norma actual establece que la renovación de los 12 magistrados se realizará por tercios y cada tres años. Es decir, cada tres años se nombra a cuatro nuevos magistrados: los cuatro propuestos por el Congreso, los del Senado o los dos propuestos por Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. Desde septiembre está pendiente que se elijan estos últimos. Así, con la modificación de la norma, el Ejecutivo tendría vía libre a llevar a sus dos candidatos -el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de la Moncloa Laura Díez- hasta el Alto Tribunal sin esperar al CGPJ.

Por último, suprimen el trámite de "verificación previa" por parte del Tribunal Constitucional de los aspirantes propuestos por el Ejecutivo. "No tiene sentido que los miembros del TC tengan la capacidad de bloquear los nombramientos que le corresponder al Gobierno por mandato constitucional", ha defendido López.