¡Cuidado con la Constitución!

La Constitución de 1978 es la que durante más tiempo ha garantizado la libertad, la democracia y el aumento del bienestar. 44 años después, hay una muy aceptable aprobación de la Constitución, pero ni entusiasmo ni convicción. La única encuesta de estos días (‘El Mundo’) dice que solo el 17% la cree totalmente válida, el 45% piensa que debería adecuarse (reformarse), y un nada despreciable 31% pide cambios profundos. Además, los que querrían reformas o cambios no coinciden en la dirección deseada. La Constitución fue fruto de un gran consenso entre los entonces partidos principales (AP, UCD, PSOE, PCE y CiU) y hoy estos partidos han cambiado y el consenso se ha roto. Quizá lo más extraño es que los electores de Vox, herederos de la extrema derecha y de las corrientes de AP que más se opusieron al texto, son hoy (38% contra 17%) los que más dicen quererla.

La ruptura del consenso es lo que resta más apoyo a la Constitución, pero es también lo que la hace más inexpugnable. Sin consenso no hay reforma, solo degradación. Vivimos en una Constitución de consenso que mayoritariamente (62%) se cree aceptable, pero el consenso no solo se ha esfumado, sino que parece cada día más utópico. Lo acaba de decir ‘The Economist’, “cuesta mucho notar en la calle la polarización entre las dos Españas, pero sí envenena cada día la vida política, tanto más cuando los partidos extremos a menudo marcan el clima”.

Lo sucedido este martes en la fiesta conmemorativa lo demuestra. Por una parte, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo ni se saludaron. Por la otra, los dos órganos jurisdiccionales más relevantes están inmersos en una seria crisis que les resta eficiencia y autoridad moral. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con presidente accidental, lleva cuatro años con el mandato caducado y no hay ninguna perspectiva de que esta anomalía vaya a ser subsanada antes de las elecciones generales de dentro de un año. El líder del PP ha dicho –precisamente en esa conmemoración– que descarta cualquier pacto con el PSOE de Sánchez. Y en el PSOE puede haber malestar, pero no parece probable una rebelión a corto plazo –y además, exitosa– contra Sánchez. ¿Entonces?

Peor todavía. El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, ingresó en el TC hace nueve años por designación directa del Gobierno Rajoy y tiene no solo el mandato agotado, sino que el Gobierno ha designado ya a los dos juristas que deben sustituir a los entonces nombrados. Pero Trevijano, que impulsó la sentencia contra la declaración del estado de alarma por el covid, amparándose en la actual mayoría conservadora en el TC (6 a 5), está “remoloneando”. Y si el retraso persiste entraremos en una devastadora crisis del alto tribunal.

El PP, que se erige en el gran defensor de la Constitución pese a que Aznar, su principal referente, no la votó, está incumpliendo el mandato constitucional. Hasta el punto de que Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ y muy cercano al Gobierno Rajoy, dimitió en octubre harto de la no renovación y de la parálisis que ya se está produciendo en alguna sala del Supremo porque los magistrados que se jubilan no pueden ser sustituidos.

Y aquí Pedro Sánchez tiene mucha responsabilidad. No incumplió la Constitución cuando, cansado de que el PP no pactara la renovación, intentó forzarle la mano con una ley que prohibía a un Consejo en funciones decidir nombramientos importantes como el de magistrados del Supremo. Y esa ley no solo fracasó, pues las vacantes se acumulan en el Supremo sin que el PP haya cambiado su posición, sino que el propio Sánchez ha tenido que rectificar su propia ley para permitir que el Consejo elija a los dos magistrados que le tocan para renovar el TC. Pero ahora el CGPJ, ofendido por el recorte de atribuciones, dilata los nombramientos.

Es grotesco. A no ser que alguien quiera que el CGPJ y el TC sigan tal como están un año más. El choque y la parálisis tienen mucho que ver, cierto, con la crisis catalana, pero una Constitución elaborada y basada en el consenso no funciona si los dos grandes partidos no saben o no quieren pactar nada. ¿Puede el disenso total y generalizado convertirse en un arma ciega y destructiva de la Constitución?

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