Planes de pensiones de empleo simplificados: una oportunidad a aprovechar

El Índice de Precios al Consumo (IPC) es el dato más utilizado en la negociación colectiva para revisar el incremento salarial acordado en los convenios. Con el mismo, se consigue relacionar la evolución de las retribuciones de las personas trabajadoras con la de los precios de una cesta de artículos de consumo, utilizando un dato elaborado por la Administración.

Con una previsión de cierre del ejercicio 2022 de un incremento del IPC del 8,5% (a fecha de redacción del presente artículo), se auguran dificultades para la aplicación de las cláusulas de incremento salarial y de su revisión en los convenios vigentes y en los de nueva negociación. Las causas son fácilmente identificables: el impacto del precio de la energía y una debilitación generalizada de la demanda, todo ello en un contexto de incertidumbre agravado por el conflicto bélico en las fronteras de la Unión Europea. En definitiva, la revisión salarial de los convenios pactados y la negociación de nuevos convenios colectivos pueden encontrar dificultades, al estar en un contexto inflacionario no visto en las últimas décadas.

Afrontar el compromiso que supone, por un lado, garantizar la viabilidad de las empresas y, por otro, el derecho de las personas trabajadoras a recibir un salario justo, supondrá tener que aplicar soluciones creativas que puedan satisfacer los intereses de ambas partes y conseguir así el deseado acuerdo, que evite la conflictividad social.

Una oportunidad para ello la brinda la Ley 12/2022, de 30 de julio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. En la misma se constata la preocupación del legislador por el bajo impacto que tiene la previsión social voluntaria en España, y por ello, se efectúan una serie de modificaciones legislativas con el objetivo de fomentar este instrumento.

Entre las novedades contempladas en dicha ley destaca la posibilidad de que la negociación de los convenios colectivos de ámbito sectorial promueva planes de pensiones de empleo simplificados, que podrán ser de aplicación obligatoria a las empresas adheridas al mismo.

Si bien esta posibilidad puede aparecer de entrada como un mayor coste para las empresas, el escenario actual permite también verlo como una oportunidad, para derivar la revisión salarial en dos conceptos diferenciados: por una parte, el incremento de salarios y, por la otra, la aportación empresarial al nuevo sistema de previsión social.

La ventaja adicional que presentan los planes de pensiones de empleo simplificados, y que merecen una valoración detallada, son los incentivos regulados en la ley para hacer atractivo este sistema. Así, destacan, entre otras medidas, que las personas trabajadoras se benefician de una reducción en su base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, derivada de las aportaciones que haga la empresa a este sistema. Por su parte, las empresas podrán aplicar una nueva reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, más una nueva deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades.

Las empresas y personas trabajadoras tienen así la oportunidad de explorar una nueva posibilidad en la negociación de convenios colectivos que sirva para diferir una parte del salario al momento de la jubilación. Posibilidad que el legislador ha querido fomentar ante las dificultades lógicas que el sistema de la Seguridad Social tiene para pervivir en el futuro en su configuración actual.

El modelo de protección ante la situación de jubilación de la Seguridad Social actual está basado en el sistema de reparto intergeneracional, que supone, simplificadamente, que las prestaciones actuales se cubren con las contribuciones presentes. Y por ello, circunstancias como la mayor esperanza de vida, y las carreras profesionales más cortas, tensionan el sistema actual y evidencian graves dificultades para garantizar su viabilidad futura. Por tanto, una de las alternativas para garantizar un nivel de ingresos para las personas es, sin duda, la coexistencia de un sistema público de pensiones con el fomento de los sistemas de previsión privada.

En resumen, la nueva regulación de los planes de pensiones de empleo, diseñada para fomentar su mayor difusión y conseguir un complemento al sistema de pensiones públicas, puede pasar a ser un elemento importante en la negociación colectiva, alcanzando a materias quizá no previstas como la cuantificación de los salarios, y el importe de sus incrementos. Oportunidad que sin duda no debe dejarse pasar.