Confiar en la iniciativa privada

La tendencia de una mayor intervención de los gobiernos se confirma. Desde el crecimiento de los populismos que reclaman soluciones que pasan por el control de las acciones y opiniones de los ciudadanos hasta las economías más liberales que han tenido que recurrir exitosamente a la deuda pública para la lucha contra la pandemia (en forma de préstamos ICO o en forma de Fondo NGEU), este nuevo mundo parte de la asunción de que será necesario un mayor gasto público (en defensa o en políticas favorables al cambio climático, o para el reconocimiento de los derechos sociales).

Cuando las principales previsiones macroeconómicas coinciden en destacar, como lo hace 'The Economist' esta última semana, que las tendencias fundamentales en estas décadas de 2020 y 2030 vendrán marcadas por gobiernos más fuertes, eso parece contradecirse con los objetivos comunes que alrededor de la sostenibilidad nos habíamos marcado. Efectivamente, parecía que Naciones Unidas había logrado fijar unos objetivos comunes a todos los diferentes operadores económicos del mundo (públicos o privados): desde el cambio climático a las instituciones democráticas y la justicia, pasando por el desarrollo políticas de igualdad e inclusión, entre otras.

Hay una gran comunión y coincidencia sobre los objetivos que debemos fijarnos para las próximas décadas y con un horizonte en 2050 más sostenible, y esta agenda nos involucra a todos, a las entidades públicas y a la empresa privada o la sociedad civil , ya sea a través de los conocidos (y poco concretados) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se han promovido desde Naciones Unidas, y asumidos por la práctica totalidad de las administraciones públicas de este país, o a través de los menos conocidos (pero más específicos) principios de sostenibilidad ESG (siguiendo las siglas inglesas por 'Environmental, Social and Governance').

Y para que se produzca una implementación común por parte de todos los operadores económicos y sociales, sea desde la vertiente pública o desde la iniciativa privada, será necesario confiar entre unos y otros, será necesario que todos convengamos que la fuerza colectiva es la que debe permitirnos asumir y alcanzar los retos planteados. No podemos permitirnos la separación entre el mundo empresarial y de la sociedad civil respecto del mundo gubernamental. No podemos permitirnos una italianización de nuestra manera de afrontar los retos que debemos plantearnos colectivamente.

Los gobiernos deben hacer posible y promover la iniciativa privada. Y el mundo empresarial y social debe confiar e interlocutar más y con mayor profundidad respecto de las políticas públicas. A modo de ejemplo, si para poder desarrollar aquellos proyectos que fueran merecedores de los Fondos NGEU se abrió una convocatoria de ideas en el sector privado por parte de las administraciones, habría que entender que aquella interlocución se puede mantener con la misma intensidad y voluntad para otros proyectos y nuevos escenarios, aunque no vengan fomentados ni deriven de la necesidad/posibilidad de inversión con nuevos fondos europeos.

Mucho se ha debatido en estas últimas semanas sobre la 'guerra fiscal' entre comunidades, que en Catalunya se ha centrado en el posible incremento del tipo aplicable al Impuesto de Patrimonio, entre otros. Curioso que nadie se haya planteado que quizás se podría recaudar un mayor importe no con el incremento del tipo, sino simplemente permitiendo y facilitando la actividad empresarial privada. Si el trámite de una licencia urbanística no se alargara durante casi dos años, quizás hoy tendríamos unos promotores y nuevos propietarios que pagarían un impuesto de patrimonio por importe superior, no por haberles subido el tipo aplicable sino porque, simplemente, la administración municipal habría permitido que tuvieran un patrimonio de mayor valor.

También se ha puesto de relieve la baja realización del presupuesto en inversiones en Catalunya, que quedó en el primer semestre del año por debajo del 17%. La inversión no solo es crucial para las infraestructuras del país (tangibles en el territorio o intangibles en el bienestar de los ciudadanos/as) sino que es clave para que la economía, y sus operadores, puedan encontrar vías y canales de creación, promoción y desarrollo de nuevos proyectos. La inversión pública debe partir de la confianza en el sector privado y su colaboración porque, en su defecto, se puede correr el riesgo de concentración de estos proyectos dentro de la Administración, sin ganar la capilaridad y el efecto tractor hacia la sociedad civil y la iniciativa privada.

La sostenibilidad se conseguirá a partir de este necesario diálogo entre el sector privado y las administraciones públicas, y en la confianza y voluntad de promover la actividad y la iniciativa de los particulares, autónomos, empresas y sociedad civil.

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