Editorial Opinión Basado en interpretaciones y juicios del autor sobre hechos, datos y eventos

Presupuestos antes de una crisis

Las cuentas son formalmente expansivas, pero sujetas a que la inflación o un crecimiento menor al pronosticado las sometan a fuertes desequilibrios

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Yolanda Díaz y Pedro Sánchez´.

Yolanda Díaz y Pedro Sánchez´. / A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

El PSOE y Unidas Podemos llegaron en la madrugada del martes a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado. El acuerdo se cerró con una foto de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, solo media hora antes de comenzar el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de las cuentas públicas para 2023. El pacto presupuestario 'in extremis' se repite por tercera vez en la legislatura: el acuerdo, que ha superado incluso las reticencias de Unidas Podemos a un incremento del gasto militar derivado de los compromisos internacionales, es un tímido gesto de estabilidad en la coalición de gobierno, aunque ahora tendrá que ser negociado con los socios de la investidura. En principio son favorables, pero tanto ERC como el PNV presentarán reivindicaciones territoriales y reclamarán más medidas sociales.

Los Presupuestos son formalmente expansivos, con un fuerte aumento del gasto (un 7,6% frente a una inflación de más del 9%), que supera el crecimiento económico previsto para 2023, que el Gobierno acaba de rebajar del 2,7% al 2,1%. El total de las partidas se eleva a 485.986 millones de euros, casi 35.000 millones más que el de este año. El gasto social formalmente sube un 10,5% hasta sumar la cifra récord histórica de 266.719 millones, un 58,5% del gasto total. Hay que tener en cuenta el aumento del sueldo de los funcionarios.

Este aumento, una medida previsible en un Gobierno progresista, tiene como aparente objetivo que los colectivos sociales más vulnerables no sufran lo peor de la crisis económica y social que castigará a todos los países europeos en 2023. Sin embargo, un Presupuesto expansivo está expuesto a que las incertidumbres derivadas de la guerra de Ucrania, del incremento brutal de la inflación y de los precios energéticos, así como de la subida de los tipos de interés, hagan que las previsiones se enfrenten a una caída del crecimiento aún mayor de la prevista y aumenten el déficit y la deuda, para cuyos intereses ya se destinan 31.330 millones, un 3,7% más.

A diferencia de otros ejercicios, las cuentas no se han basado en unas previsiones de evolución del PIB manifiestamente ilusorias, pero incluso fundamentándolas en un PIB revisado a la baja, el 2,1% del que parte el Gobierno para calcular ingresos y gastos es más optimista (a espera de las nuevas previsiones del Banco de España) que el 1,9% que vislumbra Funcas o el 1,5% que vaticina la OCDE. Esta incertidumbre va a ser utilizada por la oposición y por los mercados para descalificar las cuentas y calificarlas de electoralistas, como ya ha empezado a hacer. Al mismo tiempo que insiste en reclamar una política de reducción de impuestos que situarían los Presupuestos ante un equilibrio aún más inestable. Pero más allá de esa acusación, los PGE recogen medidas acorde con el marco actual , como el aumento de las pensiones de acuerdo con el IPC, el aumento del Ingreso Mínimo Vital y de otras ayudas como consecuencia de la subida del índice de referencia, el incremento de la prestación por desempleo o las medidas extraordinarias para favorecer el ahorro energético. Aunque no en todos los casos compensan el impacto de la inflación.

El Presupuesto recoge ya las modificaciones de la fiscalidad anunciadas (rebaja del IRPF hasta los 21.000 euros de ingresos anuales y subida a partir de 200.000; impuesto a las llamadas grandes fortunas a partir de tres millones; impuestos a las energéticas y a la banca), medidas que han de proveer los ingresos fiscales pero que no resuelven el problema de fondo. El Gobierno ha perdido la oportunidad de encarar la siempre aplazada reforma fiscal integral, con un pacto con la oposición y con las comunidades autónomas, recurriendo a parches, como el impuesto a las grandes fortunas para contrarrestar la supresión por algunas comunidades del impuesto de patrimonio.