La hora de la verdad

No hay más tiempo: estamos ya en las puertas del otoño, y se nota el impacto en los bolsillos de la clase trabajadora de una crisis social que cronifica desigualdades intolerables, motivada por una confluencia de factores que tienen en la inflación desbocada la máxima traducción visible. Ahora es el momento de decidir si tenemos que reeditar la crisis de 2008, que condujo a un empobrecimiento generalizado de la sociedad al concentrar la riqueza de esta en manos de unos pocos, o hacemos que la lluvia torrencial sirva para hacer crecer otra manera de entender las relaciones laborales y la economía en general.

Los hogares tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes, pero no llueve igual en todos los barrios: por mucho que se intente enredar con argumentarios capciosos e ideas con escaso arraigo en la realidad, como por ejemplo la de una teórica inflación de segunda ronda causada por los salarios, los hechos al final son tozudos, y allá donde los beneficios empresariales han continuado subiendo, los trabajadores han perdido poder adquisitivo. Por decirlo con otras palabras: la contención del salario de los unos se ha convertido en más renta para los otros, y la inflación la están pagando los consumidores, los trabajadores.

¿Qué esperan pues, que nos dejemos quitar el salario sin conflicto? El dilema está claro, y hace mucho que se viene gestando. Por ejemplo: en marzo había 50 convenios sectoriales en negociación en Catalunya, y desde entonces solo cinco han llegado a buen puerto. ¿Dónde han estado las patronales todo este tiempo, si no alimentando el conflicto y tensando la cuerda del diálogo social? Si este otoño se encuentran movilizaciones y huelgas, si hay una caída del consumo, no pueden culpar a nadie más que a ellos mismos. Disfrazarlo con palabras o apelar a una idílica paz social que no existe por el que no pueden pagar consumos, comida o vivienda es tramposo y fantasioso.

Porque las cosas pueden ser de otro modo. Tienen que ser de otro modo.

Lo hemos visto con la reforma laboral, que ha hecho mejorar la contratación y la lucha contra la precariedad, pero que todavía tiene que desplegarse con más profundidad. Porque si las patronales tienen la responsabilidad de aceptar que los negocios no pueden funcionar sobre estructuras de escaso valor añadido, que solo funcionan gracias a plantillas estranguladas económicamente y sobrecargadas de trabajo, a las instituciones los corresponde garantizar que aquella riqueza que el título VII de la Constitución dice que está supeditada al interés general, llegue a todo el mundo. No basta con que se apele a la responsabilidad empresarial, o que, más allá del marco del diálogo social, no se avance en las medidas que lo refuerzan, como por ejemplo las destinadas a paliar la la inflación o a fortalecer la Renta de Ciudadanía Garantizada y el Ingreso Mínimo Vital.

Necesitamos también un Acord Interprofessional de Catalunya y un Pacto Nacional por la Industria consensuados y operativos, hechos pensando estratégicamente, digitalizando la economía y las empresas, luchando contra el cambio climático y reforzando los derechos laborales y sociales con más y mejor competencias, más formación y mejor educación. Y, sobre todo, hacen falta unos presupuestos expansivos para garantizar el estado del bienestar, y estos solo se podrán trasladar a la práctica si hay bastante recaudación fiscal que los sostenga.

Al neoliberalismo le gusta mucho repetir aquello que decía Margaret Thatcher de que no hay alternativa, que la única posibilidad es recortar y empobrecer la clase trabajadora. Pero no solo hay, sino que aquello que antes era anatema, después pasa a ser sentido común. Lo hemos visto con los ertes en la pandemia, con el tope al gas, con la bonificación al transporte público; lo estamos viendo con la transición energética y lo veremos también con el salario mínimo. Este es el cruce donde nos encontramos ahora mismo. Pero el camino está bien claro. Salario o conflicto, políticas sociales o movilizaciones.