El cristal oscuro de la I+D+i catalana

El 4 de agosto de 2021 se admitió a trámite en el Parlament, propuesta por el Gobierno, la nueva ley de la ciencia de Catalunya. Sus impulsores la definen como una herramienta para optimizar la gobernanza, adoptar un marco jurídico estable, impulsar la transferencia de conocimiento, la internacionalización y la acción exterior en materia de Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+i), y para garantizar las condiciones laborales del personal investigador.

La Coordinació Intercentres de Recerca (CIR), de la que formamos parte, es un grupo de trabajo que reúne a representantes legales de trabajadores de centros de investigación y de servicios científico-técnicos de Catalunya (representa 20 centros que comprenden más de 6.500 trabajadores), promueve mejoras en las condiciones laborales y participa en las negociaciones del convenio sectorial de la investigación catalana.

Creemos que la ley es una simple cristalización del panorama de la investigación actual y no mejora la protección de los trabajadores del sector. De hecho, permite que algunas de las disfunciones generadas en los últimos años se perpetúen.

¿Pero cuál es la situación en la investigación catalana?

Primero, la temporalidad y las irregularidades contractuales. Desde hace muchos años la concatenación de contratos temporales es habitual y afecta, de media, al 60% de las plantillas. Esta práctica ha sido contrarrestada por la nueva reforma laboral, quedando pendiente una votación en el Congreso de los Diputados que determinará si el personal de investigación, investigador o no, financiado con fondos europeos seguirá siendo precario como siempre.

Segundo, los centros públicos de investigación no universitaria, la mayoría agrupados en la institución iCERCA, gozan de una gran autonomía. Esto ha propiciado que sus direcciones dispongan de mucho poder, sin contrapesos ni controles suficientes. Aunque los patronatos supervisan sus acciones, la realidad es terca: se producen despidos con evaluaciones poco transparentes y que no siguen las directrices europeas, pérdidas de espacio de laboratorio o de oportunidades de financiación de los investigadores no alineados con la dirección; por el contrario, se premia a los equipos del núcleo directivo. Estas situaciones no son revisadas porque no existen procedimientos ni entes para hacerlo, y no se denuncian por miedo a las represalias. Tenemos constancia de ellas, no son excepcionales y hay que tener en cuenta que ocurren en instituciones financiadas con dinero público. Se necesitan instancias eficaces y externas para proteger los derechos de los trabajadores en caso de injusticias. Además, es necesario conseguir una participación más real y democrática del personal de investigación en el funcionamiento de los centros.

Tercero, las reuniones de los patronatos, donde se toman las decisiones importantes, están vetadas a las representaciones legales de los trabajadores y por tanto, nuestros puntos de vista ni siquiera son escuchados. Pedimos, al menos, nuestra presencia con voz pero sin voto.

Y finalmente, lo más importante: la infrafinanciación que afecta a todo el sector. Si de media la UE destina a la investigación el 2% del PIB, en Catalunya es el 1,4%. El sistema de investigación catalán fue ideado para captar recursos competitivos ajenos, es decir, para conseguir dinero de los ministerios españoles y de la UE, y enmascarar la falta de financiación propia. Esto provoca una lucha enconada por el dinero que no se detiene con la excelencia científica, sino que nos aboca a guerras de miseria. No permite crear plazas de investigación de larga duración, especialmente en posiciones intermedias, y alimenta la fuga de cerebros. Y se da el caso de que no se acaben, por falta de financiación, proyectos en marcha con la consecuente pérdida de los recursos ya invertidos. La ley habla de aumentar los presupuestos en consonancia con los objetivos europeos, pero no fija ninguna cifra ni cuándo se hará. Hay que dotar al sector de una mayor financiación y que se destine en buena parte a sus trabajadores.

Es decir, la I+D+i catalana es más bien un cristal oscuro y no el diamante diáfano del que presumen los políticos (a pesar de tener potencial), pero la nueva ley no apunta a ninguno de sus principales problemas.