Catalunya plantea un nuevo proyecto de ley para dar estabilidad a la ciencia

Catalunya aspira a un marco legal propio con el que dar estabilidad a la investigación científica del territorio. Este mismo martes, el Govern ha aprobado el primer borrador de la futura ley de la ciencia de Catalunya, una iniciativa con la que se pretende consolidar el compromiso político, social y económico con el trabajo de los científicos. El anteproyecto -presentado por la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, y el director general de Recerca, Joan Gómez Pallarès– busca establecer una normativa que garantice la estabilidad del sector más allá de los eventuales vaivenes políticos y sociales.

La iniciativa se enmarca dentro del 'Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement' de la Generalitat. La rama científica de este proyecto se consolida como una de las grandes apuestas para fomentar la educación superior, la investigación, la innovación y la economía productiva en el territorio. Entre sus principales objetivos destaca  potenciar la internacionalización de la investigación, garantizar las condiciones de trabajo de los profesionales de la ciencia y consolidar un nuevo modelo de financiación público-privado en el que se consiga una mayor implicación de las empresas. En la práctica, esta nueva ley busca dar más estabilidad tanto a proyectos, grupos de investigación y a los propios científicos.

La recién aprobada memoria preliminar de anteproyecto de ley también plantea la creación de diferentes organismos asesores. Es el caso, por ejemplo, del Consell de Recerca de Catalunya (CORECAT), un órgano de reflexión y asesoramiento para el Govern con el que se consolide el puente entre la comunidad científica, la sociedad y la política. Asimismo se impulsará la Comissió Interdepartamental de Recerca de Innovació (CIRI) y el Comité per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT), entre otros.

Financiación estratégica

Uno de los principales problemas que abordaría la nueva ley de la ciencia catalana sería el punto crítico de la financiación. Hasta ahora, la inversión pública en el sector se ha situado en el 0,8% del PIB y la privada cerca del 0’7%; unas cifras que distan del horizonte de la Unión Europea. Y es por ello que, según se plantea en esta nueva normativa, el objetivo sería mejorar y consolidar la financiación pública hasta alcanzar el 1% del PIB. Asimismo, también se aspira a doblar las inversiones privadas hasta el 1,5%. Para ello se prevé crear un Consejo de mecenazgo en I+D+i con el que fomentar las sinergias con empresas e industria.

Si todo sigue según los planes, el anteproyecto de ley será presentado de manera oficial a finales de este mismo año. Hasta entonces, los responsables de la iniciativa abrirán una consulta pública con la que interpelar a todos los agentes implicados en este proyecto. Es el caso, por ejemplo, de universidades, centros de investigación (grandes y pequeños), parques científicos y tecnológicos, financiadores y partidos políticos. Una vez oídas todas estas voces, el anteproyecto entrará en proceso parlamentario y, a partir de allí, se discutirá su futura implementación.