La altiva soledad de Laura Borràs

Laura Borràs llega al Parlament

La suspensión de Laura Borràs como diputada y, en consecuencia, como presidenta del Parlament, por parte de los miembros de la Mesa de la Cámara constituye una noticia negativa para el prestigio de las instituciones catalanas que ella hubiese tenido que evitar. Apoyada solo por una parte de su formación política, Borràs ha preferido atrincherarse en una suerte de altiva soledad, en vez de dar un paso al lado como le recomendaban incluso dirigentes de Junts per Catalunya, el partido que preside, tras la apertura de juicio oral por corrupción. A Borràs se la juzgará por los contratos públicos que –según una investigación de los Mossos que reveló EL PERIÓDICO– la política presuntamente entregó a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. Al resistirse a dimitir, la expresidenta se ha equivocado. Con ello, no solo no ha conseguido evitar ser apartada de sus funciones, sino que ha creado otro conflicto innecesario en la ya estresada política catalana. En ningún momento ha actuado con la altura de miras que se le supone a una presidenta del Parlament. Respaldada por unos 200 afiliados concentrados en el parque de la Ciutadella, y por un documento de apoyo firmado por unos pocos miles de seguidores, Borràs ha preferido morir matando. 

Su calificación de «diputados vestidos de jueces hipócritas» a los cinco parlamentarios del PSC, ERC y la CUP que han votado en contra de ella constituye un gesto tan inédito como irresponsable, teniendo en cuenta que estos no han hecho otra cosa que aplicar el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara por el que debe ser suspendido cualquier diputado imputado por corrupción, al abrirse el juicio oral de la causa. Se puede discrepar de si la acusación de prevaricación y falsedad documental por la que el fiscal le pide, a Borràs, seis años de cárcel y 21 de inhabilitación, constituye o no corrupción, pero ni la acusación de hipocresía, ni las palabras amenazadoras de «tener las manos manchadas de sangre» a quienes han apoyado su suspensión son de recibo.

Borràs tiene derecho a considerarse una «hija del 1 de octubre» que no encaja con la lógica de los partidos, ni siquiera los independentistas. Algo parecido sucedió cuando Quim Torra fue inhabilitado por colocar una pancarta en la Generalitat que vulneraba la legislación electoral. Sin embargo, el populismo que entraña semejante actitud tiene un límite: el cumplimiento de la ley por parte de los servidores públicos, y más cuando se trata de la segunda autoridad de Catalunya. Con su actitud numantina, Borràs habrá enardecido a una parte del independentismo, aferrado a la idea del conflicto permanente con el Estado y sus leyes, incluidas las que emanan del propio Parlament. Una actitud que, por cierto, contrasta con la declaración que aprobaron el miércoles el Gobierno y la Generalitat, en la reunión de la mesa de dialogo, cuando coincidieron en que la actividad política e institucional debe trascurrir «de acuerdo a procedimientos democráticos».

Tras la suspensión, Borràs insinuó que aspira a erigirse en la líder de quienes apuestan por la confrontación y el unilateralismo. Tiene derecho a hacerlo, fuera de las instituciones, mientras no se celebre el juicio. Sin embargo, es probable que su posición política, como presidenta de Junts, haya quedado debilitada. La última encuesta del CEO, publicada ayer, indica claramente que este es el partido que pierde más diputados, tras presentarse en los últimos meses como el paladín de la confrontación y el independentismo más irredento. La discreción con la que han actuado su secretario general, Jordi Turull, y otros líderes del partido, pese a sus apoyos formales a Borràs, revela un cierto hartazgo de actitudes que le impiden a Junts ocupar un espacio central en el espacio nacionalista catalán.