Asalto a los derechos humanos

Has andado durante meses, quizás años. Detrás tienes un pasado sin posibilidades de futuro y el anhelo de una vida digna. Delante, 12 kilómetros de valla fortificada. Un muro metálico relleno de alambre espinoso y concertinas. Cortes, fracturas, lesiones. Batidas de la policía de Marruecos que persigue y agrede por encargo de la Unión Europea. Si has conseguido llegar hasta aquí, te enfrentas a tres vallas más, estas son 'made in Spain'. Seis metros de altura con una reja diseñada para que no te quepan los dedos. Cables bajo tierra conectados con sensores de movimiento, de sonido y de vibración preparados para captar incluso los latidos de tu corazón. Helicópteros, porras, drones, pelotas de goma.

Un arsenal tecnológico que empresas como Indra —líder mundial en fabricación armamentista y con decenas de exaltos cargos en plantilla— erigen con dinero público. Miles de millones de euros de beneficio para la industria del control migratorio contra personas agotadas. Las fronteras que separan los países enriquecidos de los empobrecidos son dispositivos militarizados, pensados para ejercer violencia y deshumanizar. Sistemas que no defienden, sino que atacan. Espacios donde no se aplica la legalidad y donde las vidas migrantes no importan. Tenemos una guerra en la entrada de casa.

El pasado 24 de junio, en Melilla, un gran grupo de jóvenes chadianos y sudaneses —dos de los 15 países más empobrecidos del mundo— intentó desesperadamente el salto a la valla. La actuación de los estados marroquí y español lo convirtieron en un asalto a los derechos humanos.

Ha sido una masacre elogiada y, de momento, impune. Centenares de personas han quedado gravemente heridas y decenas han muerto en un desastre humanitario que tiene responsables institucionales. El operativo policial ha desplegado prácticas ilegales también en el lado europeo de la valla. Agresiones bajo custodia, devoluciones en caliente, omisión de socorro. Cambiando las palabras del mismo Pedro Sánchez: «Ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado», pero de Marruecos y España contra el derecho a la vida y el derecho de asilo.

La masacre era evitable, las migraciones no lo son. Según la ONU, los jóvenes habrían podido salvar la vida si se aplicara «un enfoque integral basado en los derechos a las políticas de frontera», pero la Unión Europea está obsesionada con evitar las llegadas por tierra y por mar, aunque sean minoritarias, y a hacerlo sin mancharse las manos de sangre. Melilla, el único paso terrestre de Europa al continente africano, es el resultado planificado de un pacto con Marruecos para que pare la migración a cualquier coste, aunque sean vidas humanas. Se llama externalización de fronteras. No para los desplazamientos y aumenta la letalidad de las rutas migratorias.

4.404 personas murieron el año pasado intentando pasar la frontera sur española. Que todo esto pase en nombre de «nuestra seguridad nacional» nos tiene que movilizar.

Señalemos la amenaza real. Necesitamos superar la lógica-fortaleza y entender que la integridad territorial no sirve de nada si no garantiza la seguridad y dignidad humana. Un Estado que encarga violaciones de derechos humanos no es un Estado de derecho. Una unión de países que permite y sistematiza la muerte en sus fronteras es un organismo criminal. ¿Quién quiere vivir en un lugar así?

Las entidades que trabajamos en la defensa de la justicia global pedimos poner a los responsables en el punto de mira. Los perpetradores de violaciones de derechos humanos, gobiernos y fuerzas policiales, deben ser investigados. Si como ciudadanía vigilamos y denunciamos la brutalidad policial en las calles, exigimos también que cumplan los estándares internacionales en las fronteras.

Dejemos de criminalizar la migración y normalicemos que los jóvenes del Sur global deseen lo que deseamos al otro lado de la valla. Asumamos la responsabilidad de nuestro modelo de vida en las causas de los desplazamientos forzosos. Hagámonos cargo de nuestro racismo y corrijámonos. Aliémonos con los colectivos migrantes. La crisis en Ucrania ha demostrado que es posible: hagamos que se apliquen vías legales y seguras. Exijamos que esta sea la última masacre.