La nota de Joan Tapia

Déficit inversor en Catalunya: ¿Estado mudo?

El Gobierno está obligado a explicar por qué solo se ejecutó el 35,8% de los 2.068 millones presupuestados para invertir en Catalunya en 2021

Estación de Rodalies de Plaça Catalunya, en Barcelona.

Estación de Rodalies de Plaça Catalunya, en Barcelona. / periodico

Joan Tapia

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Las inversiones del Estado en Catalunya -siempre inferiores al 16% o al 19% del total, su porcentaje de población o de PIB- son un eterno foco de resentimiento entre Catalunya (sociedad civil y partidos) y el Gobierno de Madrid.

Parecía que ahora -con el Gobierno de Sánchez y unos Presupuestos votados por ERC- las cosas cambiarían. Y en teoría fue así. La inversión regionalizable en Catalunya de los Presupuestos de 2021 ascendió a 2.068 millones, superior a la de Andalucía, la comunidad más poblada, y a la de Madrid. Pero las cifras de la Intervención General del Estado (Ministerio de Hacienda) han sido un jarro de agua helada. De los 2.068 millones previstos, solo se han ejecutado 739, un 35,8%, mientras que la ejecución media en toda España ha sido del 67,1%. ¡Y en Madrid se ha llegado al 184%! ¿Apuesta Pedro Sánchez por Isabel Ayuso? 

Que Catalunya sea la tercera comunidad en inversión, solo detrás de Madrid y Andalucía, no es ni un triste consuelo. El ‘conseller’ Jaume Giró, quizás la voz más pragmática del insumiso JxCat, ha dicho que estas cifras justifican el Estado propio. Quizás, pero el independentismo lo prometió para 2017, con lo que el incumplimiento no es menor. Ahora, la ANC -no el Govern- lo promete para 2025. Por su parte, Patrícia Plaja, portavoz del Govern, ha dicho que lo que las cifras demuestran es el desprecio del Gobierno de España por los catalanes.

Y Patrícia Plaja tendrá razón si el Gobierno de Sánchez “no sabe, no contesta”. Los compromisos deben cumplirse y si no es así hay que dar cuenta detallada y pública de los motivos. Desde los ministerios inversores de Madrid, o desde la delegación del Gobierno en Catalunya, una de cuyas prioritarias ocupaciones debería ser seguir y comunicar estas inversiones.

El Gobierno debe explicarse. Para muchos catalanes -nacionalistas o no nacionalistas- este es un asunto tanto o más vital que las escuchas del CNI. Y sin explicación, el agravio entre sectores relevantes de Catalunya -no solo políticos- y el Gobierno de España continuará empozoñando todo. No hacia la independencia, a la que una reciente encuesta dice que el 71% de los catalanes no le ven ninguna prioridad, sino hacia el escabroso pantano de las eternas polémicas y la esterilizante inacción.

Pero hay cosas que se deben recordar. Las inversiones de las empresas estatales no son cifras cerradas sino proyectos que, por distintas razones, pueden no realizarse. La ejecución inversora de los mismos ferrocarriles catalanes, controlada por la Generalitat, ha sido inferior al 50%. Y otras veces las inversiones programadas se retrasan -o paralizan- por la fuerte oposición de grupos de la población. No es este el caso, pero las fuertes inversiones para ampliar el aeropuerto de Barcelona no se llevarán a cabo por la oposición de la alcaldesa Colau y el ‘president’ Aragonès.

Y hay más. Renfe ha encargado a Alstom en su planta de Santa Perpètua -que dinamiza a mucha empresa auxiliar- trenes por valor de 1.500 millones de euros. Pero no son regionalizables en Catalunya porque circularán por otras partes de España. Lo grotesco es que parece que Renfe no ha podido cumplir la inversión de casi 300 millones para las cercanías catalanas porque la Generalitat no le hace el encargo oficial y entonces Renfe no puede financiarse en el Banco Europeo de Inversiones. 

Estado y Generalitat discrepan sobre el futuro de Renfe en Catalunya. Discuten sobre el fuero y mientras tanto los catalanes se quedan sin el huevo (los trenes). ¿Vale?

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