¿Quién paga la inflación?

Ya nadie duda que la elevada inflación ha venido para quedarse, con suerte, una temporada. La cuestión es si podremos transitar por este período con un sobresalto tras otro pero sin mayores daños, o bien si acabará por deteriorar de manera persistente nuestra economía. Para evitar el peor de los escenarios, junto al acierto de las autoridades monetarias, resultará fundamental repartir con buen criterio y equidad el alza de precios pues, de lo contrario, el golpe en el bolsillo de los ciudadanos y en los márgenes de las empresas puede deteriorar el consumo y la inversión hasta el punto de generar un elevado desempleo. 

Así, los sindicatos deben asumir que los sueldos no pueden acompasarse al ritmo de la inflación, lo que conllevará una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. De lo contrario, una adecuación automática y generalizada acabaría por conducir la economía hacia escenarios de muy difícil reconducción, en que los principales perjudicados serían los propios empleados. Pero, a su vez, este esfuerzo del mundo del trabajo debe venir acompañado de un explícito ajuste a la baja de las rentas del capital y de los salarios de los directivos mejor pagados, aprovechando para corregir el desequilibrio entre factor trabajo y capital que, en las últimas décadas, viene decantándose a favor del último de manera insostenible. 

Y todos, empresarios, rentistas y trabajadores, hemos de asumir las consecuencias a medio plazo del aumento de deuda pública que acarreará este período inflacionista. Un mayor gasto de las administraciones que resulta indispensable para mantener la actividad productiva y preservar la paz social. En este sentido, el sorprendente acuerdo entre España y Holanda, dos países con posiciones tradicionalmente muy alejadas, para flexibilizar las reglas fiscales constituye una excelente noticia. Y aún más si todo este desastre sirve para enterrar un Pacto de Estabilidad que carece del menor sentido desde hace tiempo. 

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