Improvisación con el precio de la gasolina

El desconcierto que ha rodeado a los primeros días de aplicación del descuento de 20 céntimos por litro de gasolina es fruto de una mala planificación y una peor ejecución de esta medida anunciada por el Gobierno el pasado lunes y que tenía que entrar en vigor cuatro días después. La bonificación del carburante es la iniciativa estrella del macrodecreto para hacer frente a los efectos económicos de la guerra de Ucrania, que, aunque tardía, fue bien recibida porque no solo se beneficiarían de ella los transportistas, sino todos los consumidores. 

Sin embargo, al poco tiempo se hizo evidente que a la medida le faltaban mimbres. Según la normativa, de los 20 céntimos de descuento, 15 corresponden al Estado y los 5 restantes son asumidos por las gasolineras, excepto las pequeñas (sin capacidad de refino y que no lleguen a 750 millones de euros de facturación), a las que esos 5 céntimos les serán devueltos posteriormente.

Aquí radica el principal problema: se quejan las gasolineras de menor tamaño, puesto que tienen que anticipar ellas el descuento al cliente y luego solicitar a Hacienda su devolución. Es decir, asumir previamente un coste con el que no contaban y que denuncian que no podrán afrontar. Su posición de debilidad en el mercado, lamentan, las puede llevar al cierre. El Ministerio de Hacienda ha anunciado que concederá a partir de esta semana adelantos a las estaciones de servicio con problemas de liquidez. En definitiva, una maraña burocrática que, de entrada, despierta desconfianza, sobre todo teniendo en cuenta que la medida ha entrado en vigor sin que ni siquiera esté disponible, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, el formulario para solicitar la devolución mensual de las bonificaciones practicadas. El recuerdo de las complicaciones que sufrieron durante el primer año de pandemia miles de trabajadores para cobrar los ertes del covid es demasiado reciente como para pasar por alto los problemas que puede acarrear la inoperancia administrativa.

Hay dudas incluso en el propio diseño del plan. Repsol y Cepsa interpretan que Hacienda cargará con el coste de 20 céntimos también para ellas, y el ministerio que dirige María Jesús Montero no ha aclarado si su estimación de coste de 1.423 millones para el presupuesto público incluye asumir los 20 céntimos en las gasolineras de los grandes grupos. Pretender que se resolverá «caso por caso» cuando se realice la liquidación trimestral de los descuentos es un disparate.

El Gobierno estuvo semanas sin reaccionar mientras los precios de la energía escalaban sin freno y el país vivía una crisis del transporte monumental. Otros países europeos anunciaban medidas urgentes mientras España esperaba la cumbre de Bruselas. Al final, llegó un decreto hecho con prisas e improvisación.