El consenso del catalán, en juego

Aún no está claro el destino del pacto firmado hace dos semanas en el Parlament de Catalunya en torno a las lenguas vehiculares de la escuela, que permitiría armonizar el respeto de la sentencia del TSJC sobre el 25% y el mantenimiento de la centralidad del catalán en la enseñanza.

Aquí no cabe interrogarse en torno a si la fórmula que han encontrado los negociadores republicanos, 'comuns', socialistas, y, en un primer momento, también exconvergentes –acompañados en todo momento por la ‘exconsellera’ Rigau, que en cierta manera ha sido la impulsora de la dinámica que ha llevado al acuerdo-, es buena o no. No es esto lo importante. En tema de promoción y defensa de la lengua catalana, también y sobre todo en ámbito escolar, en realidad siempre esto ha sido lo menos importante. Las claves del éxito del sistema que ha acompañado el enorme salto adelante de las competencias en lengua catalana experimentado por las generaciones escolarizadas a partir de los años 80 han sido fundamentalmente dos: la opción por una red escolar única con lengua vehicular en catalán, que ha permitido no cristalizar comunidades separadas por razones de lengua; y el enorme consenso parlamentario (y social) que presidió el nacimiento del modelo y acompañó a lo largo de las décadas su consolidación.

Por ahí a principios de los años 80 –cuando se empezó la larga tramitación del texto legal que se convertiría en la ley de normalización lingüística de 1983–, Convergència i Unió (como también Centristes de Catalunya y, en parte, ERC, por lo que se puede recabar de la documentación parlamentaria) era favorable a una doble red, una en catalán y la otra en castellano. Dentro del mundo pujolista pesaban las voces que planteaban que la escuela debía ser la reserva de la lengua y la cultura catalanas, entendidas como las esencias de una identidad que había sido postergada y negada durante el franquismo. Y si para consolidar esa esencia se tenía que partir la comunidad educativa –y en definitiva, la sociedad–, este era un precio que se tenía que valorar pagar. Socialistas y comunistas estaban totalmente en contra y la falta de consenso sobre este punto ralentizó de manera significativa la aprobación del texto. El PSC –con el apoyo del PSUC-, en 1981 presentó una proposición no de ley sobre lenguas en la enseñanza universitaria que planteaba la red única, que, por mucho que saliera derrotada –con los votos de CiU, ERC y los centristas-, ejemplificó que este sería el gran tema con respecto al cual había peligro de división. CiU llegó a la última fase de la tramitación manteniendo vivas más de 70 enmiendas, una parte de ellas relativas al modelo lingüístico-escolar, pero justo antes de encarar el tramo decisivo del ‘iter’ parlamentario, las retiró todas. Abdicó de sus planteamientos iniciales para favorecer que la ley se aprobara sin votos en contra.

En las últimas dos décadas el catalán, en particular su presencia en la escuela, ha pasado progresiva y trágicamente a ser objeto del debate político más enconado

La ley de política lingüística de 1998 recabó menos apoyos que aquella que se había aprobado 15 años antes: se autoexcluyeron –por motivos opuestos–, el PP y ERC. En este caso, el modelo escolar no estuvo en debate, pero igualmente por segunda vez hubo presiones de los sectores más intransigentes del nacionalismo conservador, que consideraban la norma demasiado laxa. A pesar de ello y de los cantos de sirenas emitidos por ERC (aún se estaba lejos del ‘chicken game’ de los últimos tiempos), ni se le pasó por la cabeza a CiU apartarse de un acuerdo que juntaba una mayoría muy conspicua del Parlament. Por segunda vez el nacionalismo conservador apostó por el consenso.

Ciertamente, en las últimas dos décadas el catalán –y particularmente su presencia en la escuela–, ha pasado progresivamente –y trágicamente–, a ser objeto del debate político más enconado. La aparición de Ciutadans en 2006 fue la señal de que el peligro estaba a la vuelta de la esquina. Y 10 años de ‘procés’ independentista han llevado la cuestión a cuotas de conflictividad alta, con el riesgo palpable de que por primera vez en más de 40 años la lengua sea considerada una cuestión de parte. El acuerdo de hace dos semanas intenta desactivar este peligro. La pelota está en el tejado de los posconvergentes y en esta tercera vez –Twitter mediante–, quizás los intransigentes se puedan salir con la suya. Sería una noticia pésima.

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