Movilidad, desigualdad y bajas emisiones

Hablar de movilidad es hablar de desigualdad. Y es que, si cualquiera se mira los datos de movilidad con cierto detenimiento, verá rápidamente que los datos sobre movilidad básicamente explican que la desigualdad también se expresa en la manera como nos movemos. Hay un dato que es inequívoco: el 50% de la gente no tiene ni coche y/o carné porque no lo puede pagar. Cualquier debate sobre movilidad tiene que partir de este punto, teniendo muy presente que las clases populares mayoritariamente se mueven en transporte público.

Y este punto de partida no lo ha tenido en cuenta el TSJC a la hora de redactar la sentencia sobre la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. Porque la ZBE es una política justamente pensada para la gente que más sufre la contaminación, los que residen en los barrios con peores niveles de renta.

Es absolutamente irresponsable que se juegue con la salud de la ciudadanía: Barcelona es la sexta ciudad europea con mayor mortalidad a causa de la contaminación del aire, con más de 1.000 muertes prematuras anuales. La contaminación provoca el 33% de casos de asma infantil. También está detrás de un 11% más de casos nuevos de cáncer de pulmón. Según estudios recientes, la existencia de la ZBE ha permitido evitar hasta 125 muertes anuales por contaminación. La lucha contra la contaminación no se puede desligar de la construcción de una economía saludable.

Aun así, es cierto que la ZBE también ha afectado a gente que, sin tener altos niveles de renta, se ve obligada a utilizar el vehículo privado para acceder a Barcelona desde muchos puntos del país. Las políticas de movilidad de los últimos 40 años nos han llevado a esta situación, y revertirlo no es fácil.

Es justamente por este motivo que la instauración de la ZBE ha sido progresiva, pensando en los que menos tienen, permitiendo moratorias para acompañar a la población al tiempo que se hacía un gran refuerzo del transporte público. En este sentido, también hay que recordar algunos datos. Primero, los vehículos más contaminantes suponen solo un 10% del total, estamos hablando de un tanto por ciento del parque circulante muy reducido. Y segundo, se han expedido un total de 13.285 tarjetas verdes desde 2017 hasta diciembre de 2021. Un título de transporte gratuito que se concede durante 3 años para desguazar un vehículo sin hashtag ambiental. Con estos datos en la mano es difícil sostener que la ZBE es un veto en las clases populares. El derecho a la movilidad y la accesibilidad tienen que estar garantizados con transporte público, que es el medio de transporte mayoritario, como demuestran los datos del Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona en su Anuario Metropolitano. Y hay que seguir trabajando para mejorar la movilidad en transporte público, pero esta responsabilidad no puede recaer solo sobre un ayuntamiento, mientras el Govern de la Generalitat hace de espectador.

Así pues, la sentencia sobre la ZBE no solo va en contra de la reducción de desigualdad, también va en dirección contraria de lo que se dice y se hace en Europa. Va en contra de la legislación, de las leyes europeas. Ya hay 300 ciudades europeas que tienen regulaciones similares y el Tribunal de Justicia de la UE ha anunciado sanciones por incumplir los límites de contaminación. De hecho, si no existiera la ZBE, el Estado tendría que pagar 1.600 millones de euros de multa.

Por eso, recientemente, la Generalitat anunció que los 67 municipios de más de 20.000 habitantes tendrán una Zona de Bajas Emisiones antes de 2025. En este camino también está la ley estatal de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes a tener una ZBE en 2023. Es evidente, pues, que la ZBE es una política de país, pactada con todas las administraciones y que responde a aquello que nos está pidiendo la gente: reducir la contaminación.

Probablemente, con la ZBE acabará pasando lo mismo que ya pasó con el dentista municipal y con otras políticas transformadoras. Son grandes medidas de vanguardia que abren camino y que todavía no tenían precedente. Lo que hoy son recursos en contra mañana serán reconocimientos de estas políticas. Y, por suerte, la Zona de Bajas Emisiones seguirá vigente, porque ninguna sentencia negacionista parará el adelanto que representa garantizar el derecho a respirar un aire limpio.

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