Una emergencia que no puede esperar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dejado en el aire también la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona. Este es un potente instrumento de lucha contra la emergencia climática que ahora queda pendiente de que alguna de las partes demandantes reclame la suspensión de su aplicación. El tribunal reconoce que Barcelona y su área metropolitana están siendo recurrentemente sancionadas por la UE por la mala calidad del aire que respiran los habitantes de esta conurbación. A pesar de ello, considera que las medidas son desproporcionadas y no están suficientemente justificadas. Una sentencia que es recurrible pero que, de momento, podría paralizar una medida clave para la lucha contra la emergencia climática que padecemos, una medida que la Generalitat pretende extender a toda Catalunya y una medida que la ley española también avala.

Como en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración del segundo estado de alarma, la justicia choca de cara con una decisión que contaba con un amplio apoyo político y social. Su misión es garantizar los derechos individuales ante cualquier abuso legislativo, pero demasiado a menudo las resoluciones en estos ámbitos denotan que la sensibilidad de hoy no es la de los constituyentes. Y eso no es responsabilidad de los jueces, ciertamente, que deben aplicar la ley vigente, aunque deberían estar algo más atentos a otro concepto jurídico como es el de la alarma social que provocan sus decisiones. Y los políticos deberían ser menos populistas y no promover normas de dudosa viabilidad jurídica.