Transición ecológica

Proteger la costa, salvar el litoral

La Administración ha puesto coto a una planificación costera abusiva, pero con un planteamiento que no ha querido ser maximalista

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Impacto visual de una de las urbanizaciones de Begur con las islas Medes al fondo. 

Impacto visual de una de las urbanizaciones de Begur con las islas Medes al fondo.  / David Aparicio

El Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Catalunya (CADS) hizo público en 2021 un informe, que ya estaba previsto antes del temporal Gloria de hace dos años y que analizaba con detalle el estado del litoral catalán, con sus debilidades y su tremenda fragilidad. El desastre ecológico de enero de 2020 no hizo sino acentuar una situación que el informe se encargó de concretar. 'Un litoral al límite' era el título del análisis de los técnicos, que también proponían la necesidad de «convertir los problemas del litoral en oportunidades para una transición ecológica de la costa catalana». La problemática viene de lejos y abarca tanto la pérdida de activos naturales (en especial, de la arena y los sistemas de dunas, la regresión de las playas y los deltas fluviales), provocada por la canalización de ríos y rieras, por la construcción de puertos deportivos y por las consecuencias del cambio climático, como, y de manera especial y dramática, por una urbanización intensiva durante muchos decenios. Hay un dato, en este sentido, del todo contundente. Si exceptuamos los parques naturales del Cap de Creus y del Delta de l’Ebre, la superficie construida en los primeros 100 metros de litoral catalán llega hasta el 81%

En la dinámica de hacer frente a una nueva avalancha de construcciones (que ya se había iniciado en 2005 con planes directores del sistema costero y con posteriores revisiones y moratorias, que ya fueron polémicas), se puso en marcha en 2021 la aprobación del Plan Director de Suelos no Sostenibles del Litoral de Girona (PDU) y la previsión de un plan similar en la zona que se extiende entre Malgrat de Mar hasta Alcanar. Se trata de la mayor desclasificación de suelo llevada a cabo en España, con la intención explícita de reducir la presión sobre el litoral y poner orden en un ordenamiento caótico por la multitud de disposiciones y excepciones municipales, y con la pretensión no solo de evitar nuevos descalabros urbanísticos, sino también de contribuir a una mejor conservación ambiental. 

Estos planes prevén el freno en la construcción de unas 85.000 viviendas en el conjunto de la costa, pero la medida es percibida como insuficiente por las entidades ecologistas, al tiempo que tampoco satisface a quienes ven peligrar unas inversiones que ya estaban en marcha. Este es, justamente, el meollo del asunto, la intervención gubernativa en un espacio conflictivo que incluye suelos urbanizables por desarrollar o parcialmente desarrollados pero que, al mismo tiempo, no prevé demoliciones y va con tiento a la hora de establecer hipotéticas indemnizaciones. Se trata de poner coto a una planificación del todo abusiva pero con un planteamiento que no ha querido ser maximalista y del que quedan excluidas aquellas localidades que ya contaban con POUM posteriores a 2010. Ello significa que sigue vigente un considerable potencial constructivo, del que se hacía eco EL PERIODICO en la edición del sábado. Casos como el de Marina Platja d’Aro o el de Aigua Xelida en Palafrugell (con espacios que quedan fuera del Plan) o las viviendas de lujo en Begur o Port Lligat, la destrucción de pinedas urbanas, la plataforma de Tarragona, Cala Maria en L’Ampolla, Torredembara o el bosque de Cunit, por citar solo algunos, son ejemplos que todavía afectan seriamente la sostenibilidad del litoral catalán. Ha habido voluntad política de intervenir para proteger, pero conviene estar alerta para evitar nuevos deterioros.