El silencio del denunciante, por Salvador Viada

El problema de las organizaciones jerárquicas opacas (y la Fiscalía es jerárquica y es muy opaca) es el muro de silencio que se levanta frente alguien que sufre una situación de acoso.  El que manda tiene el relato, tiene el altavoz, tiene la complicidad de la jerarquía de la organización, en muchas ocasiones elegida por quien manda.  Tiene todo el poder, y cuando más opaca es la organización, más poder tiene.  Siempre encuentra el que manda una mano diestra (o siniestra) para firmar lo que al jefe no le conviene firmar, porque al final no hay riesgos. El acosado no tiene muchas veces sino silencio, que no logra quebrar por mucho que él mismo reclame.   

 Y ese silencio puede ser más cruel que cualquier actuación de la jerarquía.    

Se ha hecho eco este periódico en los últimos días de un asunto muy grave, desde mi punto de vista, que afecta a la cúpula de la Fiscalía General del Estado, al advertirse las maniobras realizadas por la Fiscal General para colocar a un fiscal en una situación imposible en el momento en que había de decidirse en el Consejo Fiscal su nombramiento para una plaza en la Fiscalía Anticorrupción.    

 El Consejo Fiscal es un órgano de la Fiscalía compuesto por doce miembros, presidido por la Fiscal General y al que pertenecen vocales elegidos por los propios fiscales en elecciones que se celebran cada cuatro años.  Pues bien, la situación imposible en que se colocó a ese fiscal, consistió en tener unas diligencias penales abiertas contra él en la Fiscalía (por su naturaleza, reservadas, pero ampliamente ventiladas en los medios) en la fecha en que se decidía el nombramiento.  

 El fiscal se llama Ignacio Stampa, y desde hacía cuatro años tenía asignado el 'caso Tandem-Villarejo', dentro del cual se incluyen actuaciones de corrupción que afectan a partidos políticos, a altos cargos policiales y a personas de la máxima relevancia en el mundo empresarial.     

Sin respaldo alguno

 Stampa llegó a ese día, 27 de octubre de 2020, como investigado por la Fiscalía, cuando se decidía su suerte profesional, y lógicamente no encontró respaldo de vocal alguno, ni conservador ni progresista, de manera que no ganó la plaza y fue obligado a abandonar el caso que había dirigido.  

 ¿Quién puede apoyar para un puesto en la Fiscalía a alguien que es investigado por la comisión de delitos por la propia Fiscalía y que airean a diario los medios de comunicación?   

 Esa fue la jugada.  Stampa no tenía derecho a ser elegido, pero sí a que su candidatura fuera analizada en igualdad al resto de los candidatos.  Y eso no ocurrió porque fue el número 2 de la Fiscal General, Álvaro García, quien con su firma rechazó la solicitud de archivo que proponía el instructor de esas diligencias penales, abiertas por la posible comisión de un delito de revelación de secretos prolongando su estigmatización de investigado   

 La primera vez, a primeros de octubre de 2020, “sugirió” al instructor la práctica de más diligencias.  Una vez que el instructor practicó esas diligencias “sugeridas”, e insistió en una nueva propuesta de archivo, el 23 de octubre, García reclamó el expediente y lo estudió durante varias semanas, antes de “sugerir” nuevas diligencias.  

 Mientras tanto, Stampa había perdido, el 27 de octubre, su plaza, y sus reclamaciones judiciales se contestan con nuevas actuaciones contra él por parte de la Fiscalía, buscando otro tipo de silencio, el suyo.  

 Las diligencias penales se archivaron meses después. 

 El Consejo Fiscal tiene este miércoles responsabilidad en intentar aclarar lo ocurrido, frente al discurso infantil y exculpatorio de la Fiscal General, según la cual todo es “inadmisible y difamatorio”, y es el Consejo Fiscal al que se ataca. 

 No es cierto.  Ni es difamatorio (los datos son ciertos), ni el Consejo Fiscal ha sido atacado.  El Consejo Fiscal actuó como creía que debía actuar con la información que tenía.   

 Pero se le ocultó información muy relevante para tomar su decisión. Ahora puede exigir los datos para conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 

*Salvador Viada es fiscal del Tribunal Supremo

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