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Un asunto capital

La España ‘policéntrica’ que proponen algunos barones socialistas remueve el debate sobre la vertebración, pero las provincias reclaman la misma descentralización en sus autonomías

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Ximo Puig.

Ximo Puig.

El debate autonómico pasa ahora por mantener o sacar de Madrid algunas de las instituciones del Estado con sede en la capital. Ha sido el presidente valenciano, Ximo Puig, el encargado de prender la mecha de la 'mascletà' en que, desde los partidos a la derecha del PSOE, e incluso puertas adentro de Ferraz, llevan camino de convertir en una controversia agria y visceral sobre las comunidades; el eterno conflicto de las autonomías, denostadas por la extrema derecha en la misma medida que las formaciones de izquierda quisieran reconducir hacia un modelo federal el reparto homogéneo de competencias y, sobre todo, de la financiación.

Pero, ¿qué pasa cuando esa misma descentralización se viene exigiendo desde las provincias respecto de su capital autonómica? El asunto se viene discutiendo hace décadas y no hay partido que lo haya resuelto. Qué pasa cuando quien se queja es Zamora de Valladolid, Huelva frente a Sevilla, Albacete respecto a Toledo, o Alacant y Castelló en sus reivindicaciones ante València.

Hace tiempo que Ximo Puig dejó de ser un valor al alza en las filas del PSOE para convertirse en el líder regional con más autoridad dentro del partido, luego cualquier cuestión que plantee debe ser escuchada con atención. Dos legislaturas consecutivas al frente de una autonomía tradicionalmente considerada el granero electoral del PP le confieren ese beneficio. Y, sin embargo, desde tiempos de Jaume I no hay día que Valencia no despierte los recelos de Alicante y Castellón. En la Comunitat Valenciana, como en el resto del país, el 'policentrismo' se ha considerado un tema menor desde la España del 78 y los gestos de Puig hacia sus provincias fronterizas con Murcia y Catalunya han sido voluntariosos, aunque todavía insuficientes.

La España polifónica ya está siendo asumida por otros barones y cuenta con la complicidad de Pedro Sánchez y el rechazo de la dirección nacional del PP. Se trata de extraer de Madrid la sede de algunas instituciones del Estado y reimplantarlas en la periferia. Desde el PSOE ya han trascendido dos sugerencias: Puertos del Estado a València y el Instituto Oceanográfico a Vigo.

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La apuesta, sin duda, merece un debate más amplio y evidencia que los años transcurridos desde el inicio de la Transición aparejan todavía un modelo de Estado que merece cierta labor de aliño. La España de las autonomías se sostiene sobre una pared sólida, aunque desconchada por algunos flancos. La capitalidad nunca ha abandonado la senda de la susceptibilidad. Euskadi tiene su centro administrativo en Vitoria y no en Bilbao o San Sebastián; Castilla-La Mancha alberga la sede de su gobierno en Toledo, pero el Tribunal Superior de Justicia en Albacete, un modelo parejo al de Castilla y León, cuya capital, Valladolid, ejerce de sede de sus tres principales instituciones (la Junta, las Cortes y la Presidencia), mientras otros organismos de primer nivel se reparten entre Burgos, Palencia, Zamora y León. En muchos casos, este reparto institucional no rebaja la sensación de agravio de las provincias respecto a la capital de su región.

La discusión sobre la centralidad de Madrid no es nueva. Si hacemos un poco de historia, Valladolid, Sevilla, Cádiz, e incluso València y Barcelona durante la Guerra Civil ejercieron este rol. A pesar de los argumentos y de la seriedad con que parece estar elaborado el nuevo planteamiento de vertebración, el mismo debate que han sacado a colación las baronías del PSOE es desde hace décadas objeto de disputa en algunas comunidades donde gobiernan, entremezclados en el discurso de la centralidad y del reparto de las inversiones. El interés de la ciudadanía en que su provincia aloje una institución del Estado o de la comunidad autónoma decrece en la misma proporción que la distribución del dinero beneficia o perjudica más a unas que a otras, dentro de la misma región. El problema no lo tienen Madrid o Murcia, ambas uniprovinciales, pero sí los valencianos, los gallegos, los extremeños o los andaluces. A estas alturas del debate, está fuera de duda que el 'policentrismo' ha de pasar necesariamente por que la autonomías alojen algunas de las instituciones del Estado y una financiación más justa. Pero también las provincias dentro de su autonomía. Resolvamos eso primero y luego ya se decidirá dónde ubicamos el Tribunal de Cuentas.

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