Una ley necesaria que no permite frivolidades

Nadie en su sano juicio puede poner en duda que la protección del derecho a la vivienda necesita una ley que desarrolle lo que garantiza la Constitución. El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han tenido el coraje de afrontar por primera vez este reto del que, por ahora, no tenemos un texto articulado sino algunos esbozos en forma de titulares. En determinadas ciudades y en determinadas zonas geográficas, resulta cuanto menos que imposible para muchas familias acceder a una vivienda digna, sea de alquiler o de propiedad. Eso es una realidad que reconocen todos los economistas y las formaciones políticas constitucionalistas. No ocurre solo en España. Alemania, Portugal o algunos países nórdicos han afrontado retos similares. Y no siempre las recetas que parecen más atrevidas han acabado siendo las más eficaces. Por eso, el debate de esta futura ley debería hacerse desde la seriedad, y no desde los prejuicios ideológicos y mucho menos desde la demagogia populista.

Hacer asequible la vivienda tiene diversas recetas. Algunas ya las hemos probado. El Partido Popular, en tiempos de José María Aznar, propició una liberalización total del suelo y un abaratamiento de los tipos de interés. Subieron los precios y bajaron las hipotecas. El resultado fue una burbuja inmobiliaria que explotó en 2008, tras cuatro años en los que el PSOE de Zapatero mantuvo la misma política. Esa burbuja no gustó tampoco a los inversores tradicionales del sector que vieron como irrumpían en el mercado fondos con demasiada ansiedad que no conocían las claves de la actividad. Otra receta posible son los incentivos fiscales, que la época de la austeridad se ha llevado por delante. Y quedan las dos que ahora se insinúa que se pondrán en marcha: la promoción de pisos a precio asequible y la regulación de los abusos que se pudieran producir en los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. La Constitución define a España como un Estado social y democrático de derecho, lo cual significa que no se excluye sistemáticamente la intervención pública en la economía. Pero debe ajustarse a derecho. Y esa es la clave que debe guiar la tramitación de la nueva ley. El problema existe. No tiene soluciones mágicas. Y estas no pueden pasar por colisionar con otros derechos fundamentales, como es el de la propiedad. Anunciar hoy un recurso a una ley que no está ni redactada, ni tramitada ni aprobada es poco menos que una temeridad. Plantear esta ley como una conquista ideológica que pone fin a un cierto liberalismo tampoco soluciona el problema.

Las leyes se hacen para arbitrar las colisiones de derechos entre los ciudadanos. No se puede permitir que los jóvenes o ciertas rentas se queden sin hogar porque el turismo presiona al alza el mercado inmobiliario. Pero la corrección debe llegar desde la regulación, desde las reglas claras y no desde la imposición. Regúlese aquello que resulte efectivo regular para el fin que se persigue. Los operadores inmobiliarios profesionales no se opondrán a ello. Pero que no se regule con un afán puramente vengativo que identifica a todo un sector con su parte menos representativa y con una caricatura de quien presta un servicio a la sociedad. Esta ley, de acuerdo con la Constitución, no puede ser más que un paraguas que oriente las políticas de vivienda de las comunidades autónomas y las decisiones urbanísticas de los ayuntamientos. Algunos antes de recurrir, deberían explicarles a los ciudadanos qué piensan hacer allí donde gobiernan para garantizar el derecho a la vivienda sin menoscabar el derecho a la propiedad, que no solo es de los fondos sino de otros ciudadanos.