Peajes de ida y vuelta

El próximo miércoles, 1 de septiembre, desaparecen en España las barreras de peaje en varias autopistas españolas. Algunas, de notable trascendencia en Catalunya, la comunidad que más notará este cambio, como el tramo de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell o el correspondiente de la AP-7 entre Tarragona y La Junquera.

La mayoría de los conductores de estas vías estarán satisfechos pero, como en toda medida de impacto, la supresión de los peajes también deja damnificados. Es el caso de los municipios donde estaban ubicadas las barreras (especialmente, aquellos con menos población), quienes calculan una disminución de entre el 10 y el 20% de sus ingresos anuales, obtenidos a través del BICE, un impuesto equivalente al IBI para inmuebles especiales. Sin olvidar las pérdidas de puestos de trabajo de las concesionarias, que ya han anunciado expedientes de regulación de empleo y que siguen a los que ya se aplicaron en 2020, durante el inicio de la pandemia.

Por otra parte, el fin de las concesiones de los peajes va a suponer que los ciudadanos dejen de pagar por circular en las redes viarias de alta capacidad solo a corto plazo. El debate surge sobre cómo financiar el mantenimiento de dichas vías, que pasan a estar a cargo de unas administraciones que deberán conseguir recursos suficientes para conservar el buen estado de las mismas: ¿deben pagarse con los impuestos de todos los ciudadanos o solo gravando a quienes utilizan esas vías? De una manera u otra debe pagarse el millonario mantenimiento de la red viaria, si se quieren garantizar que siga siendo segura y no se degrade progresivamente.

En el horizonte se apunta ya a un pago por el uso –menos gravoso que los actuales peajes, una vez ya amortizada la construcción de las infraestructuras por sus concesionarias–, tal como se ha comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez en el plan de recuperación enviado a Bruselas, en el marco de la consolidación necesaria de las cuentas del Estado una vez recibidos los fondos europeos. En ese sentido, se suma un claro compromiso sustentado en un criterio ecológico (quién contamina, paga).

Desde el punto de vista técnico, mientras el Gobierno central sopesa reinstaurar las barreras y no hacer distinciones entre autopistas y autovías, a partir de un sistema que integre las externalidades negativas del transporte por carretera, el Govern de la Generalitat se abre a más posibilidades además de la viñeta que propuso inicialmente, una pegatina temporal que se coloca en el vehículo para circular. Aunque esta una medida más fácil de aplicar, es difícil que pueda ser proporcional al uso real. Otra solución podría ser la de un control semejante al teletac, más complejo de instaurar pero que, en este supuesto, podría afinar entre usuarios ocasionales e intensivos.

En cualquier caso, las soluciones que se acaben adoptando solo serán aceptables y comprensibles para la ciudadanía si se evitan desigualdades territoriales (como las que se han mantenido durante muchos años en Catalunya o la Comunidad Valenciana) y se consigue, no quedan excluidos de estos cargos los vehículos extranjeros y no perjudicar a aquellas zonas que apenas disponen de alternativa viable de transporte público. Durante los próximos años, la llegada de los fondos europeos debería aprovecharse, como en tantas otras cuestiones, para desarrollar propuestas eficientes y equitativas.