No hacer nada como alternativa

Nadie como los analistas catalanes han trabajando el tema de los peajes. Pero en el momento de la hora de la verdad, con el cese inminente de las concesiones de las autopistas, la verdad es que ahora no tenemos claro qué hacer. Y es que una cosa es actuar a la defensiva, de manera reactiva contra lo que era una injusticia evidente (unos pagan y otros no, y dicen que todos ellos son españoles), y otra diferente es concretar algo de “ay, si a mi me dejasen…”.

A favor del rescate, quien suscribe ha participado en el pasado en un par de evaluaciones económicas, una del precio implícito que el no rescate suponía sobre el valor de la vida diferencialmente perdida para los que no circulaban, y otra sobre cómo mejoraría el tráfico general, en ahorro de tiempo y accidentes, por los efectos de la desviación que la liberalización de los peajes podría suponer.

Hoy sobre la mesa no está el rescate sino cómo proceder a partir de ahora. Las alternativas están mínimamente diseñadas y la teoría de sus efectos esperado es conocida. Cuota fija para circular (especialmente por los cinturones metropolitanos), variable según uso o mixta. El Estado dice que a partir del 2024 pondrá orden en toda la red viaria haciendo pagar por kilometraje. La Generalitat se había pronunciado sobre una viñeta: una pegatina que de daría derecho a circular sin más restricciones. A partir de la directiva europea se podría pensar igualmente en un sistema dual, armónico en todo el territorio, por tipo de vía y vehículo, y a un precio mucho más bajo y que no hace falta expropiar ni construir, simplemente mantener y hacer gestión medioambiental.

Ciertamente, no se sabe qué pasará, pero quizá lo más esperable desde Catalunya es no hacer nada. Esto por dos razones. Primero, por la experiencia de cómo de mal les ha salido a las administraciones catalanas querer hacer propuestas innovadoras. El esforzarse para ser los primeros de la clase y no pasar de curso en materias de financiación y gestión territorial; más bien retratarse como instituciones tacañas contra sus ciudadanos, en una sociedad que hemos acabado calificando ‘de peaje’ (en la escuela concertada, en las extraescolares de las Ampas, en el seguro sanitario, los medicamentos), allá donde no ha llegado nunca la financiación “normal”. Segundo, también, después de comprobar la dificultad que tiene un Estado tan heterogéneo como el español (económica, territorial y culturalmente) para mejorar la gestión pública, hecho que hace que no sea atrevido anticipar que en el 2024, sea cual sea el Gobierno, no conseguirá su objetivo prometido de hacer pagar por circular allá donde la gente se había acostumbrado al gratis total, con la oposición política, proponga lo que proponga quien sea responsable.

Y es una lástima, porque sabemos que cuesta implantar un nuevo precio público y cómo de fácil es removerlo. Quien ya lo tiene implantado, modificarlo, mejorarlo es siempre una opción posible de gestión financiera. Así, en la sanidad francesa, hacer que con el seguro sanitario no se recupere todo sino solo una parte –cosa que no deja de ser un copago-, resulta más aceptable con un reembolso que “cuando sacas tú de la bolsa”. Eliminar los peajes, ni que sea a la espera de lo que haga el Gobierno español, encallará las posiciones todavía más en aquello de que nadie quiere pagar y de “que los impuestos de todos los pague otro”. De manera que, desde la responsabilidad fiscal y desde la autonomía querida, la Generalitat no debería permitir más pérdida de cultura ciudadana fiscal, pero desde el Estado de las autonomías en el que estamos instalados, quizá nos toca ahora a los catalanes ‘wait and see’ (esperar y ver) y pedir el mismo café para todos, a riesgo de que el Gobierno español nos sirve un sucedáneo malo.

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