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¿Ampliar el aeropuerto?: más tiempo, más rigor y más prudencia

En el contexto de crisis ambiental global, el transporte aéreo se encuentra en un momento de cambios notables que hacen muy aventuradas las previsiones de futuro

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El aeropuerto de El Prat.

El aeropuerto de El Prat. / EFE / QUIQUE GARCÍA

En buena parte de las grandes ciudades de Europa se debate sobre la necesidad y la oportunidad de ampliar sus aeropuertos. No son debates sencillos. Por el contrario, requieren de tiempo, rigor y prudencia: tres factores de los que la discusión sobre la ampliación del aeropuerto del Prat parece tan necesitada como falta.

La necesidad de darse tiempo se deriva, en primer lugar, de que, en el contexto de crisis ambiental global, el transporte aéreo se encuentra en un momento de cambios notables. La decisión del Gobierno francés de no ampliar el aeropuerto Charles De Gaulle anunciada en febrero de este año o la oposición de Sadiq Khan, alcalde del Greater London, a la construcción de la tercera pista de Heathrow, se han fundamentado, sobre todo, en consideraciones de tipo ambiental y en la necesidad de dar cumplimiento a los acuerdos de París sobre el calentamiento global. En esta situación, el Gobierno español, que hace medio año declaró de manera enfática la situación de emergencia climática, deberá justificar con argumentos de mucho peso la necesidad de ampliar los aeropuertos de Barcelona y Madrid.

A las prevenciones asociadas a la cuestión ambiental se añade la situación engendrada por la pandemia. Esta ha evidenciado las posibilidades del teletrabajo y ha puesto de relieve los riesgos sanitarios (reales o percibidos) asociados a los desplazamientos. El impacto de estas cuestiones sobre los hábitos de los usuarios son aún inciertos, pero pueden resultar profundos y de larga duración. Podrían venir a sumarse, además, a la extensión del incipiente movimiento 'flight shame', o "vergüenza de volar", iniciado en los países del norte de Europa, que propugna la limitación voluntaria de los desplazamientos en avión. Hoy, cualquier predicción sobre la evolución del tráfico aéreo resulta, como mínimo, atrevida. Las decisiones sobre las infraestructuras requieren de tiempo para el estudio, la reflexión y el acuerdo. Las prisas con las que se ha planteado la discusión sobre la ampliación de El Prat no se corresponden en absoluto a este requerimiento.

El segundo elemento necesario para la toma de decisiones de este tipo es el rigor. Una actuación como la que se propone tiene unas implicaciones de gran alcance. Desde el punto de vista presupuestario, los 1.700 millones de inversión anunciados suponen más de 10 veces los recursos que el Ayuntamiento de Barcelona ha podido invertir en el plan para la mejora de barrios de la ciudad en los últimos cuatro años y un volumen muy superior al que la Generalitat y los ayuntamientos invirtió en la ley de barrios entre 2004 y 2010, por poner solo un par de ejemplos.

En cuanto a los aspectos territoriales, la conveniencia de la ampliación debería considerarse en relación al conjunto de las infraestructuras de accesibilidad exterior de Catalunya. En particular, tal como han hecho notar los ayuntamientos de Barcelona y El Prat, hay que estudiar las posibilidades de trasvase de la movilidad a corta y media distancia hacia el tren de alta velocidad. En este sentido, sorprende el inconcreto anuncio realizado en los últimos días sobre la conexión con alta velocidad de los aeropuertos de Reus y Girona. La primera resultará muy difícil por razón de las actuaciones ferroviarias realizadas por el propio Ministerio de Transportes en el Campo de Tarragona. En el caso de la segunda, a pesar de estar prevista desde el año 2010 en el Plan Territorial de las Comarcas de Girona, Estado y Generalitat han dejado transcurrir más de una década sin ningún avance sustantivo.

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Rigurosa debe ser también la estimación del impacto económico de la actuación propuesta, en particular en cuanto a sus efectos sobre el empleo. Las informaciones que se han dado a conocer hasta la fecha son, como mínimo, discutibles. ¿Es creíble la generación de 85.000 nuevos puestos de trabajo? ¿En qué plazo? Por otra parte, habría que analizar el coste de oportunidad de esta inversión y si emplear los recursos en consolidar el Corredor Mediterráneo, así como en impulsar los servicios ferroviarios regional y de cercanías (manifiestamente mejorables en muchos aspectos) no podría dar mejor rendimiento en términos económicos, laborales y sociales.

Finalmente, a la hora de tomar una decisión como la que se propone hace falta prudencia, que según dicen es la primera virtud en política. Se requiere prudencia y respeto en cuanto al uso de los recursos, el diálogo institucional y los procesos democráticos de participación. Y, sobre todo, prudencia en materia ambiental, ya que las actuaciones que se proponen pueden tener efectos irreversibles en un medio particularmente frágil como es el Delta del Llobregat. Sorprende en este sentido que se anuncien acuerdos y decisiones sin haber dado a conocer los proyectos en su integridad y evaluado su impacto ambiental, que, como han recordado el portavoz europeo, es responsabilidad de los Estados miembros.

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