Una cuestión de principios

La tranquilidad no es amiga de los gobiernos. El ritmo que impone la inmediatez dictada por las redes y la globalidad informativa expuesta por los medios no conceden tregua. Ahí tenemos a la nueva ministra de Justicia. Pocas horas después de asumir el cargo, sin apenas haber podido tomarle las medidas al despacho oficial, se vio obligada a comparecer para acatar discrepando la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del primer estado de alarma. El del confinamiento. Aquel que, lejano ya en el calendario, la nueva virulencia de la pandemia lo mantiene amenazante e impide olvidarlo. Y sin olvido no hay perdón.

Exactamente lo que ha practicado Pablo Casado. No perdonar y salir de inmediato a reclamar el avejentado “ya lo decía yo”. Afearle el trabajo a Pedro Sánchez y pedir de nuevo la convocatoria de elecciones sin tomar la iniciativa de presentar una moción de censura como le insiste Vox por temor a un final incierto. La formación de Santiago Abascal, por su parte, exige su cuota del éxito jurídico concedido obviando que pasó de lamentar el retraso en la declaración del estado de alarma, ahora cuestionado, a apoyar la medida en el Congreso unos días después y presentar, ya en octubre, el recurso de su posible inconstitucionalidad. En medio, conseguir que Pedro Sánchez le agradeciera en público el apoyo parlamentario como aval a los fondos europeos de recuperación. Una finta para aislar y exhibir la soledad del PP y desmontar una oposición que tiene su larga sombra en algunos miembros de los tribunales más determinantes.

Tras esta inaudita bienvenida, María Pilar Llop Cuenca (Madrid, 3 de agosto de 1973) se enfrenta a uno de los mayores retos de este país, y de profundo calado: adaptar la legislación y renovar un sistema judicial que tiene en el bloqueo político la coraza visible de una armadura interior mucho más compleja. La herencia de un astuto encaje de bolillos que Aznar dejó muy bien tramado y que permite a los populares mantener el control de algunas instituciones determinantes para la imprescindible higiene democrática. Una revisión que obliga hoy a dirimir qué opción jurídica es la adecuada para limitar la libertad individual de la ciudadanía. Si aplicar el estado de excepción para hacer frente a una guerra vírica cuando fue pensado para una confrontación civil o defender un nivel de intervencionismo menor para salvaguardar la salud pública a expensas de dejarnos en casa.    

Toda una declaración de principios democráticos que la jueza elevada a ministra debe encarar por la inacción del Congreso, incapaz durante la pandemia de adaptar la excepcionalidad a norma como hicieron otros países. Cuestión para la que tendrá que echar mano de su larga experiencia. Magistrada, pasada por la UE donde aprendió incluso el búlgaro, Llop despliega una idea vital mezcla del ‘seny’ catalán aportado por el padre y aplicado en los juzgados de Mataró y Girona y del feminismo destilado en las charlas de las clientas de la peluquería de su madre. Tejedora de técnica jurídica en el Consejo General del Poder Judicial, se convirtió en legisladora de la Asamblea de Madrid y senadora independiente en las filas socialistas. Alcanzó la presidencia de la Cámara Alta y dijo: “Estoy preparada para una legislatura bronca”. Pues ahí la tiene.

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