Un Constitucional sin sentido de Estado

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene mucha razón en su crítica al Tribunal Constitucional. Una exigua mayoría ha optado por enfangarse en un debate doctrinal con fuertes implicaciones partidistas (pues no olvidemos que el recurso fue interpuesto por Vox), en lugar de primar el sentido de Estado ante un escenario que nadie pudo prever antes. Pero lo más inquietante es que la alternativa que plantea para futuras crisis sanitarias es peor. La división entre los magistrados ha sido ideológica, aunque con notables excepciones, ya que ha habido dos miembros conservadores, el propio presidente, Juan José Rivas, y el vocal Andrés Ollero (exdiputado del PP), que han votado en contra de la ponencia de Pedro González-Trevijano, del ala más derechista del tribunal. En el otro lado, la profesora Encarnación Roca, que llegó al TC de la mano de CiU con el voto del PSOE, inicialmente dentro del bloque progresista, ha acabado apoyando la inconstitucionalidad de la aplicación del estado de alarma. Escisión ideológica, pero con matices. 

El problema no es que la sentencia castigue al Gobierno, y censure también al Congreso que aprobó el estado de alarma en sucesivas ocasiones, sino que la vía que plantea es el estado de excepción, cuya aplicación es mucho más peligrosa para las libertades públicas. El debate de fondo es si una limitación de derechos tan importante como la que hemos vivido la puede ejecutar de entrada el presidente del Gobierno, aunque para prorrogarla durante el tiempo que sea necesario requiera el apoyo del Parlamento, o solo puede materializarse una vez el Congreso la haya aprobado. Se ha impuesto la segunda tesis, pero entonces la alternativa constitucional es el estado de excepción, que tiene más complicaciones. A partir de ahora, todo Gobierno que vea urgente imponer un confinamiento domiciliario tiene que tener desde el minuto cero el apoyo del Congreso. Y a la vista de la fuerte polarización de la política española, eso es un hándicap. Recordemos que esa dificultad llevó a Sánchez a renunciar al estado de alarma antes de tiempo. Y, peor aún, el estado excepción solo puede aplicarse durante 30 días con una sola prórroga, en total 2 meses. Si se hubiera utilizado el año pasado, el confinamiento obligatorio hubiera acabado a mediados de mayo, cuando todavía teníamos algo más de 100 muertos diarios. 

Lo que ha votado el Constitucional satisface “elucubraciones doctrinales”, ha dicho Robles, pero sitúa a cualquier Gobierno ante un problema enorme. Además, el alto tribunal debería haberse pronunciado en un asunto así con una mayoría cualificada en lugar de con solo voto diferencia, y apuntando soluciones mejores, si es que las hay al estado de alarma, o instando al Congreso a elaborar una legislación específica frente a pandemias como reclaman los expertos. Y aquí hay que reprochar también al Gobierno de Sánchez que no haya tomado ninguna iniciativa. Por desgracia, tenemos a las instituciones del Estado esclerotizadas, con mandatos caducados y plazas vacantes, básicamente porque el PP no quiere renovarlas. Su irresponsabilidad es enorme.

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