Comunidad valenciana y balear. Primera cumbre

Reconocían los 'consellers' de Hacienda de la Comunidad Valenciana y de Baleares, en la cumbre celebrada en Palma de Mallorca la semana pasada, que la reforma de la financiación territorial estaba poco más que en un callejón sin salida y que las cuentas autonómicas respectivas hacen aguas ‘mediterráneas’ por todos los lados.

Lo cierto es que ambos gobiernos se encuentran en un callejón sin salida, con deudas en relación al PIB del 43 y del 27% respectivamente. Y no es ahora un problema de tesorería, que con la liquidez que facilitan los diferentes fondos de rescate no preocupa, sino por lo que pueda suponer la normalización de la situación: devolver anticipos en exceso y la evolución del coste financiero de la deuda. Las dos comunidades son, por eso, contrarias al 'statu quo' prevalente, más manejable ahora cuando desde la obediencia socialista Andalucía no está en contra. Se sienten maltratadas y exigen la condonación de parte de la deuda. Una primera causa general que afecta a todas las autonomías, si bien de manera desigual, es que desde la crisis del 2007 los fondos estatales para la financiación territorial no han crecido como lo han hecho los costes relativos de las prestaciones de los servicios y del aumento de la población beneficiaria. El Estado seguro que alega aquí que le ha bajado la recaudación con la crisis. Pero en un sistema que se basa en financiar necesidades de gasto y no en capacidades tributarias (la soberanía fiscal se considera que pertenece solo al Estado), es tramposo dejar colgada la financiación de las comunidades a las duras mientras que, a las maduras, el Estado se va apropiando de los excedentes de recaudación cuando esta aumenta. De forma que, en ausencia de recursos, por lo que tendría que haber sido una mayor financiación de un gasto creciente con la crisis, las comunidades o bien han echado mano del déficit y la deuda o han hecho recortes. O las dos cosas a la vez, tal es el impacto que la insuficiencia de recursos ha provocado.

Reconocida la insuficiencia, la Comunidad Valenciana continúa apostando por un modelo en el que el Estado lo recauda todo y transfiere, como gran hermano o padre-patrón, los recursos, según la estimación que hace de las necesidades de las comunidades: que si la ruralidad, la densidad, la superficie, aproximaciones a la población beneficiaria, etc. El Gobierno valenciano muestra sus carencias, que argumenta con la finalidad de que el Estado se congracíe con alguna de ellas y, al fin, haga llegar el dinero pedido. Si esto se tiene que hacer de forma que alguien mejore sin que nadie empeore, se tiene que romper el techo de reparto inicial, poniendo muchos más recursos a disposición de los territorios. En todo caso, los efectos de esta estrategia son conocidos: la primera lectura territorial es de valores absolutos, pero la segunda se valora ya desde las posiciones relativas (quiénes han ganado más que otras). Incluso con una cantidad más elevada a distribuir, nada está garantizado: depende de cómo el Estado, que tiene dominio pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, instrumente las variables de reparto, ponderándolas con pesos nuevos, referidas a fondos varios que se actualizan de manera adecuada.

Observaban también los 'consellers' Soler y Sánchez que, desde que el Govern catalán no está presente en las negociaciones, no se observa empujón suficiente y suficiente sensibilidad del Gobierno central para encarar la reforma. Y sobrevolaba la idea, para los que querrían un sistema alternativo al de ‘necesidades’ antes descrito, que si Catalunya salía del régimen común de financiación, las comunidades que aspiren a más responsabilidad fiscal desde una financiación basada en sus capacidades tributarias propias y solidaridad pactada, lo pueden tener crudo. En esta disyuntiva, lo más sensato seria, creo yo, que la nueva financiación ofreciera la doble vía, la de estimación central de necesidades de gasto (más o menos como ahora), y la basada en la capacidad tributaria, responsabilidad fiscal y solidaridad pactada. Ya en la comisión para la reforma de la financiación autonómica propuse, como representante de Balears, un voto particular suficiente detallado (lo encontraréis en la Revista Econòmica de Catalunya, número 83, que se acaba de publicar), y que cada cual se acoja a lo que mejor se corresponda con su voluntad de autogobierno.

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