Salud pública

El debate sobre las patentes de las vacunas

Habría que repensar sistemas que protejan el esfuerzo que algunos han hecho para buscar soluciones y que pongan, sobre todo en caso de emergencia, el interés de la población por delante de todo

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Una investigadora trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el covid-19.

Una investigadora trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el covid-19. / Alexander Zemlianichenko Jr

Permitir el monopolio de un producto o un procedimiento a un particular tiene mala prensa y todavía más si es un medicamento o es de primera necesidad. Es esto lo que pasa cuando se otorga una patente. En la actual situación de emergencia y cuando vacunas y tratamientos son de vida o muerto, el monopolio otorgado por las patentes, sobre todo si el beneficiario es una gran empresa, se ve como un obstáculo a su uso sobre todo para países con pocos recursos. Es un debate de base jurídica, con importantes consecuencias para el desarrollo de nuevas tecnologías y en el que se ponen de manifiesto aspectos del funcionamiento de nuestra sociedad. Es por lo tanto, en última instancia, un problema político.

La profundidad y la extensión de la pandemia del covid-19 ha provocado un avalancha de investigación sobre el origen de la infección y los medios que podemos tener para controlarla. La primera publicación sobre el virus, en febrero de 2020, se presentó de forma abierta y ha sido la base para mucha de la investigación que se ha hecho para desarrollar sistemas de diagnóstico, nuevos fármacos y de la mayoría de las vacunas. Esta investigación fue hecha en muchos casos en centros públicos de investigación. Como se trata de llegar a productos que se tienen que hacer llegar a gran escala, estos resultados tienen que acabar siendo producidos por empresas que en nuestro entorno económico son las que tienen los medios para hacerlos llegar a aquellas personas que lo necesitan. En este contexto la protección de la propiedad intelectual es un tema clave y el instrumento preferente son las patentes.

En todo el mundo se ha establecido el derecho a proteger aquellos descubrimientos que algún individuo haya obtenido otorgándole un derecho exclusivo para aplicarlos durante un tiempo determinado que se sitúa alrededor de los 30 años. Este derecho ha dado lugar al sistema de patentes que en los Estados Unidos existe desde los inicios mismos de su independencia en 1793. En la Organización Mundial del Comercio, el Tratado sobre Propiedad Intelectual es una pieza esencial. Es un tema que está íntimamente ligado a cómo se organiza la política de innovación y cómo los descubrimientos que hacen los grupos de investigación, públicos y privados, de todo el mundo llegan al público. Los responsables públicos de la investigación recuerdan de forma insistente a los investigadores que sus descubrimientos deben estar protegidos si se quiere sacar un provecho o si quieren crear una empresa de base tecnológica.

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Las patentes relacionadas con los tratamientos farmacéuticos y las vacunas del covid-19 se enmarcan en regulaciones específicas. La posibilidad de patentar organismos vivos o genes se abrió a partir de los años 80 y a Europa dio lugar a una Directiva muy discutida que se aprobó en 1998 y que en muchos aspectos habría que revisar, pero que nadie se atreve a abrir. Todo ello hace que nos preguntemos si el actual sistema es apropiado, sobre todo cuando hay una emergencia y que tiene dimensiones globales. La legislación de patentes prevé que los Estados ordenen una licencia obligatoria y es lo que han propuesto la India y Suráfrica ante la OMC. Si se aprobara, los Estados tendrían que organizar la producción de las vacunas que necesitan procedimientos complejos que han desarrollado las compañías en un marco regulatorio complejo. Y también haría falta que buscaran una manera de fijar precios razonables. Hemos visto compañías que aumentan de forma repentina el precio de un medicamento que podría servir para tratar el virus.

La situación actual pone de manifiesto que quizás habría que repensar sistemas que protejan, como lo hace una patente, el esfuerzo que algunos han hecho para buscar soluciones a problemas técnicos o de salud y que pongan, sobre todo en caso de emergencia, el interés de la población por delante de todo. Habría que actuar no solo sobre el control que permite una patente sino también sobre la producción del tratamiento y sobre el precio que se fija. Todo ello tendría que tener en cuenta las ayudas públicas por la investigación que pueden haber tenido las compañías y además hacerlo todo a nivel internacional. Repensarse cómo regulamos el conjunto de actividades que hacen aparecer nuevos tratamientos puede no ser fácil, pero seguramente es una necesidad. Hay muchos intereses en juego y en primer lugar el de la salud de los ciudadanos.