Estrategia recaudatoria

Soplan nuevos aires del Oeste

Joe Biden ha anunciado la intención de subir los impuestos corporativos en Estados Unidos y de promover cierto consenso en la fiscalidad internacional en el grupo del G20

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Joe Biden, durante la primera reunión de su gabinete de gobierno.

Joe Biden, durante la primera reunión de su gabinete de gobierno. / EFE

La pandemia ha generado una deuda de récord, superando el triple del PIB mundial (342% del PIB mundial) y dejando las finanzas públicas bajo mínimos. Esto está situando el debate sobre la fiscalidad corporativa en el ojo del huracán. En este sentido, Biden, que todavía está disfrutando del periodo de gracia de los 100 primeros días de gobierno, ha anunciado la intención de subir los impuestos corporativos en Estados Unidos y de promover cierto consenso en la fiscalidad internacional en el grupo del G20. Son dos aspectos diferentes.

En 2017, Trump disminuyó el tipo impositivo que las corporaciones debían pagar del 35% al 21%. El cuento de la lechera era que esto favorecería las inversiones empresariales, que incrementaría la productividad, se generaría empleo --que además sería de mayor calidad-- y acabarían subiendo los salarios. Por ello, medidas que de entrada beneficiaban a las empresas, acabarían repercutiendo favorablemente sobre los ingresos familiares. Pues bien, no hubo incremento de inversiones ni aumento en los salarios, y los beneficios fiscales acabaron incrementando las reservas de las empresas o el reparto de dividendos a accionistas. Ahora, la propuesta de Biden es subir el tipo impositivo hasta el 28%, sin recuperar todavía los niveles de Obama, pero mandando el mensaje de que las infraestructuras del país no se mantienen solas.  

De la cadena de reacciones que esto ha provocado, quiero destacar la de la Business Roundtable, una organización que agrupa grandes corporaciones estadounidenses, y que en agosto del 2019 realizó un comunicado afirmando que el propósito de las empresas era “promover una economía que sirviera a todos los americanos”, poniendo el énfasis en el beneficio a la comunidad. En cambio, ante el anuncio de un incremento de impuestos para servir, precisamente, a esta comunidad, la misma organización afirma que esta medida les priva de ventaja competitiva en los mercados. La pregunta para trasladarles sería que, si disminuir los impuestos corporativos, estrategia Trump, no llega a las familias, a la vez que los servicios públicos se deterioran, ¿qué propuestas tienen para este beneficio a la comunidad?

La segunda medida, sobre conseguir cierta homogenización en la fiscalidad internacional dentro del G20, es una carrera de fondo que requerirá de largas negociaciones. Pero hay un cierto consenso en que la cartografía actual de paraísos y nichos fiscales no es sostenible. Cada vez que una gran empresa, léase por ejemplo Google, Apple o Amazon, anuncian a bombo y platillo beneficios de miles de millones y, a la vez, se constata que pagan impuestos irrisorios, a algunos se nos cae el alma a los pies. Si por lo menos estas empresas fueran intensivas en mano de obra y hubiera miles de personas trabajadoras con sueldos dignos viviendo de las mismas, quizá no dolería tanto. Pero no es el caso. Y ya solo falta por añadir la factura pública mundial derivada de la pandemia y el más que previsible incremento en gasto público que se producirá en las próximas décadas para hacer frente a las consecuencias del cambio climático.  

En España, el impacto social de la pérdida de impuestos equivale al salario de más de 107.390 empleos en enfermería

Durante estos años con mercados de capitales liberalizados, con muchas luces, pero también con sombras, se ha comprobado que los beneficios no tienen nacionalidad, prostituyéndose con facilidad. Van al que hace menos preguntas, al que lo hace más barato. Y muchos territorios compiten a ser mejores en estas variables, para nombrar algunos: Irlanda, Delaware, Liechtenstein o Andorra. Lo que lo hace todavía más complejo es que estas prácticas, en muchas ocasiones, son legales. Legales, pero poco éticas. Es una estrategia que sirvió en el pasado y que se podía sostener, pero en un mundo globalizado y digital, la sensación es de estar haciendo trampas al solitario.

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La Red de Justicia Fiscal, una organización británica sin ánimo de lucro, publica estudios comparativos y calcula las pérdidas de dinero público derivadas de estas prácticas fiscales. Según esta fuente en España, el impacto social de la pérdida de impuestos equivale al 5% del presupuesto de salud, al 7,4% del presupuesto de educación, o al salario de más de 107.390 empleos en enfermería. En Estados Unidos, las pérdidas fiscales de beneficios en empresas multinacionales son de 49 billones de dólares. Esto es lo que Biden quiere recuperar.